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La semana pasada concluyeron las sesiones de entrevistas a los 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante la subcomisión política de la Asamblea Legislativa. A propósito de su desarrollo, con justicia ya hemos reconocido el innegable avance en el proceso, al abrir como nunca antes la participación ciudadana, permitiendo no solo su intervención, sino preguntas de la sociedad civil y ciudadanos que desearon asistir. No obstante, al evaluar la calidad de preguntas hechas y permitidas, fue evidente que se intentó obstaculizar aquellas que pudieran “incomodar a algunos candidatos”. Varias de las preguntas de la subcomisión fueron repetitivas y muy generalistas, con lo cual se perdió tiempo útil para haber profundizado en lo que interesaba escudriñar: la competencia y moralidad notorias.

Creemos que se perdió tiempo, espaciando mucho el periodo de entrevistas, pero al final algo se corrigió, y al menos se acortó el plazo para presentación del informe a la comisión política, la que tendrá unos 5 días hábiles para deliberar. Aun eso es poco tiempo. Estos debates finales, como fue el resto del proceso legislativo, deben ser públicos, sin nada que esconder. Ahora en esta fase, es que más necesitamos que practiquen la transparencia de que han hecho gala y no cierren las puertas a la ciudadanía. Ahora es cuando la deliberación de la propuesta por los mejores candidatos debe estar bajo el escrutinio público. Ahora veremos si es cierto lo que prometieron: No reparto de cuotas.

Desafortunadamente, ha quedado a discreción de la subcomisión política elaborar la evaluación e informe final, pues nunca – no obstante insistimos – se divulgó el método de calificación que permitiera conocer las categorías evaluadas, la asignación de puntaje, y los criterios técnicos de medición, por lo que no nos queda más –por hoy- que estar muy atentos al resultado del informe para la comisión política, pues lo que hemos analizado de nuestra parte, privilegiando el mérito e idoneidad, debería coincidir con lo que nos ofrezcan los diputados, en su examen de los mejores perfiles.

Por ahora, reiteraremos lo que en las columnas de las semanas previas hemos venido resaltando, en cuanto a los puntos más relevantes surgidos de las declaraciones de algunos de los entrevistados. Por ejemplo, el abogado Eric Zelaya, se vió envuelto en una incongruencia en relación a su formación en derecho constitucional, específicamente entre lo aparece en sus expedientes del CNJ y de la Asamblea Legislativa, y la situación real del mismo. Además, junto al abogado José Cristobal Sánchez, nos dejaron serias dudas sobre su conocimiento de la materia constitucional y líneas jurisprudenciales.

No nos cabe duda ya, que todos saben quiénes de los candidatos tienen vínculos partidarios, quienes no están ni por cerca aptos para asumir tan elevado cargo, por su falta de conocimientos y experiencia en materia constitucional; quienes no han justificado una reelección, quienes han pronunciado sentencias que dejan mucho que desear, y quienes carecen de la moralidad notoria para siquiera haber intentado postularse. Cada candidato sabe si le queda o le aprieta el zapato. Nosotros lo sabemos y confiamos que la Asamblea sabrá identificarlo.

El proceso entra a su última etapa es acá donde los ojos de la ciudadanía deben estar más atentos. Lo que resulte, nos afectará a todos.