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Las elecciones para la Asamblea Legislativa, concejos municipales y presidenciales están a la vuelta de la esquina. El año 2018 nos recibirá con dos procesos electorales al hilo y es inevitable que aparezca el fantasma de lo que vivimos en las elecciones 2015. Al Tribunal Supremo Electoral se le salió de las manos el proceso y por eso surge la natural preocupación sobre lo que nos espera en 2018 y 2019. Esos vientos parece que estan volviendo a soplar con fuerza.

Los problemas en el año 2015 iniciaron antes del día de las elecciones. La adjudicación del sistema de transmisión a empresas de dudosa procedencia, la falta de capacitación en el conteo de votos de los miembros de las juntas receptoras de votos y la poca educación a la ciudadanía sobre las opciones de votación que teníamos, fueron solo el inicio de un proceso complicado y sumamente cuestionado. Todo empeoró el día de la votación y los días siguientes. Ese día revivió la preocupante práctica de buscar anular los votos de los adversarios por cuestiones efímeras, convirtiéndose en estrategia electoral para obtener un gane. Vivimos un conteo de votos confuso que duró más de setenta días y, además, en el recuento de votos por San Salvador “se recuperaron” más de veinte mil votos; es decir, se tomaron en cuenta todos esos votos que habían sido anulados indebidamente en el conteo inicial.

A tres meses de las elecciones para Asamblea Legislativa y consejos municipales, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral a que se tome en serio el rol de máxima autoridad electoral, supervisando activamente la ejecución del proceso antes, durante y después del día de las elecciones; es necesario que la empresa –por hoy una única oferente- a la que se adjudique la transmisión de datos goce de la suficiente credibilidad para que no se ponga en duda la legitimidad del proceso.

También es imperativo que el Tribunal Supremo Electoral deje de ser esa entidad pasiva que permite hacer a los partidos políticos lo que quieran, sin hacer respetar las leyes electorales ni los derechos de los votantes. Debe garantizarse que se respete la voluntad de la ciudadanía salvadoreña en la elección de sus representantes y que sea haga valer su voto.

El Tribunal debe poner sus barbas en remojo y aprender de los errores del pasado. Ya pasaron tres años desde la última elección bajo más misma reglas, por lo que repetir los mismos yerros resulta inadmisible, dudoso y cuestionable.

Por supuesto que como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte yendo a votar masivamente, incentivando a la ciudadanía al voto y siendo parte de las juntas receptoras de votos. Es necesario incrementar la participación para que estas elecciones sean representativas del sentir del pueblo, ya sea votando por cualquiera de los partidos competidores o por la opción de los candidatos no partidarios si estos logran postularse. Hay que recordar que la responsabilidad de los gobernantes que tenemos también es de aquellos que se abstienen de votar y dejan una decisión tan importante al voto duro de cada sector.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: no pongan en duda la legitimidad de nuestra democracia; como ciudadanos y miembros Centro de Estudios Jurídicos cumpliremos con nuestro deber y estaremos vigilantes.