Seleccionar página

El pasado 1 de mayo entró en funciones una nueva legislatura. Su tarea más importante en este trienio, es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para la Sala de lo Constitucional. Esa tarea, a pesar de ser la más importante, no la están cumpliendo.

La deliberación para elegir a los candidatos a magistrados ya está ocurriendo, pero se desarrolla en lo oculto y quién sabe con qué criterios. Es en esta fase del proceso donde más se necesita la transparencia. La deliberación debe ocurrir en el seno de la Asamblea Legislativa, y en sesiones con acceso a la prensa y a la ciudadanía.

Por declaraciones de distintos diputados y dirigentes políticos, se conoce que hay conversaciones entre los distintos partidos para elegir a los candidatos. Las negociaciones están ocurriendo, lo sabemos, pero no sabemos qué se está negociando.

Resulta aún más peligroso que en tales negociaciones se involucre también a los candidatos. La administración del Órgano Judicial y el ejercicio de la jurisdicción no pueden someterse a negociaciones políticas. Eso es una amenaza grave a la independencia judicial.

Los avances que han existido en la independencia judicial han costado mucho al país, y todavía son insuficientes. Escoger a sujetos que desde su candidatura están empeñando la institucionalidad, es una amenaza seria al Estado de Derecho. Y un deterioro institucional tal, en el largo plazo, incluso les afecta a los mismos partidos políticos que se prestan a esas negociaciones.

Además de la falta de transparencia en que está incurriendo la Asamblea en este tramo final del proceso, también está fallando al carecer de criterios objetivos para la elección. Únicamente el diputado no partidario ha hecho un esfuerzo por establecer un sistema de evaluación para escoger a los candidatos que deben ser elegidos, y por ello merece todo nuestro reconocimiento. Los demás diputados y partidos políticos, han optado por librarse de esa camisa de fuerza que obliga a la meritocracia en detrimento del cuoteo.

Esos diputados que hace apenas unos meses, en la campaña electoral, expresaban su preocupación por defender a la Sala de lo Constitucional, y se comprometieron a elegir a los mejores, hoy nos están fallando. No nos pidan paciencia ni nos pidan que callemos. Solo estamos exigiendo que cumplan con su deber.

Como lo establece el artículo 125 de la Constitución, los diputados representan al pueblo entero. De manera que antes que la disciplina partidaria, tienen un compromiso con sus representados: el pueblo. Mantenerse en silencio, dejar que sus dirigentes partidarios realicen las negociaciones en lo secreto, y estar prestos a votar por quienes les digan desde la cúpula, sólo provoca que ensucien la investidura que el pueblo les ha encomendado.

Todavía es tiempo para que la Asamblea, y cada uno de los diputados que lo conforman, corrijan los graves yerros en que han incurrido. Transparentar el proceso y hacer una elección objetiva y por méritos es la única opción que tiene cada diputado, y debe hacerse a la brevedad.

Mientras tanto, les reiteramos que haremos uso de la institucionalidad y de los mecanismos a nuestra disposición, tanto nacionales como internacionales, para que no se continúen violentando nuestros derechos fundamentales. Seguimos tomando esto con la seriedad que corresponde.