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Inicia tercera etapa de nuestro proceso de selección

Ya es público que nuestra asociación, consciente de la transcendencia del proceso de elección de magistrados que se avecina, tomó la decisión de elaborar un protocolo de selección de aspirantes. Tal como nuestro protocolo lo describe, los miembros del CEJ que han tomado la decisión de participar, saben que lo harán bajo los más altos estándares de integridad, respetando tanto las reglas del proceso como a sus pares y lo harán bajo el más alto compromiso con la vigencia del Estado de derecho y los derechos de las personas.

Lo primero que hicimos fue designar una comisión de selección que ya ha comenzado a administrar y ejecutar el protocolo. Como segunda etapa, esta comisión convocó públicamente a todos los miembros del CEJ para que hicieran llegar su manifestación de interés, lo cual debían hacer adjuntando su hoja de vida en un formato diseñado por la comisión. Hacerlo de esa manera tiene el claro propósito de facilitar la comparación de las credenciales de los aspirantes, lo cual pensamos contribuye a que podamos elegir a los mejores.

Pasamos ahora a la tercera etapa de nuestro proceso. La comisión de selección verificará si prima facie, los candidatos cumplen nominalmente con los requisitos mínimos exigidos por nuestra Constitución, y pedirán a los aspirantes la documentación acreditativa de tales circunstancias.

Por su parte, los aspirantes a candidatos tendrán que comprobar a la comisión, que no tienen vínculos partidarios formales o materiales evidentes que puedan cuestionar la imparcialidad que requiere el cargo.

Quienes se han decidido a participar como aspirantes en nuestro proceso interno, tienen también que comprobar que cuentan con el perfil idóneo para ser magistrado, lo cual implica que deberán acercarse al máximo posible de las condiciones siguientes: tener sobresaliente formación académica que sea relevante para el trabajo judicial que se propone desempeñar; tener una destacada experiencia profesional o docente, o una combinación de ambas; tener experiencia profesional o formación académica relevante que les permita contribuir a la gestión del gobierno judicial; demostrar compromiso con la vigencia del Estado de derecho y el respeto de los derechos de las personas; y demostrar que gozan del reconocimiento personal y profesional de sus pares por su mérito e idoneidad para el cargo.

Para ello, los aspirantes deberán presentar los atestados correspondientes y deberán someterse a entrevistas con la comisión de selección, en las que se intentará identificar quiénes tienen los méritos suficientes para ser postulado como candidato de nuestra asociación.

Desde que tomamos la decisión de elaborar nuestro protocolo de selección, lo hicimos con la idea de ser consecuentes con nuestras propias exigencias. Queremos que en todas las asociaciones de abogados, en la Federación de Asociaciones del Abogados, en el Consejo Nacional de la Judicatura y en la Asamblea Legislativa, se realicen procesos democráticos, transparentes y que premien el mérito de los aspirantes. Por eso empezamos en casa.

La verificación de atestados, la realización de verdaderas entrevistas y el establecimiento de baremos o parámetros de medición, nos permitirán presentar a la comunidad jurídica en particular y a la ciudadanía en general, a profesionales competentes, comprometidos con el Estado de derecho y férreos defensores de la independencia judicial.

Como siempre lo hemos hecho, nos estamos tomando muy en serio nuestro rol constitucional.

¿Por qué no quieren ser transparentes?

Los partidos políticos en El Salvador se niegan insistentemente, a revelar de donde proviene su financiamiento. Desde que les fue ordenada por la Sala de lo Constitucional que hicieran de conocimiento público a los financistas, así como la cantidad de dinero que cada uno aporta, la Asamblea Legislativa se ha empeñado en esquivar de muchas formas el fallo; ha realizado distintas reformas a la Ley de Partidos Políticos, siempre haciéndose la desentendida con lo que la sentencia de inconstitucionalidad estableció.

El 22 de agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional señaló que, en el plazo de dos meses, la Asamblea Legislativa debía realizar las reformas legales necesarias que permitieran dar a conocer el origen y destino de los fondos con los que los partidos políticos y sus candidatos financian sus actividades, la implementación de un mecanismo que permita la rendición de cuentas y garantice a los ciudadanos el acceso a la información de interés público en poder de los partidos políticos.

El 31 de octubre de 2014 se realizó la reforma a la Ley de Partidos Políticos, manifestando que los partidos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite los nombres de las personas naturales o jurídicas que realizan aportes al partido político y el monto de los mismos, pero insólitamente añadieron que esto debía ser “previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información”.

Como no podía ser de otra manera, la Sala de lo Constitucional declaró incumplida la sentencia debido a que la condición plasmada no permitía el pleno conocimiento de la ciudadanía de la información de los partidos sobre su financiamiento.

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2017, la Sala de lo Constitucional otorgó hasta el 1 de noviembre de 2017, para que la Asamblea Legislativa realizara las reformas ordenadas hace más de tres años y las cuales se han negado a cumplir a cabalidad.

Tristemente, la semana pasada se aprobó una reforma que nuevamente incumple la sentencia de inconstitucionalidad, ya que sin ningún criterio se estableció que solo se podrían conocer las donaciones que excedan de $1,500 para personas naturales y $5,100 para personas jurídicas. Salta fácilmente a la vista que esta nueva reforma a la Ley de Partidos políticos no cumple con la Constitución y solo pretende establecer un nuevo obstáculo a la transparencia.

Resulta increíble que después de tantos intentos, a los diputados de la Asamblea les cueste entender que tienen que ser revelados todos sus donantes, sin ninguna excepción o condición, a fin de que exista una contraloría sobre la licitud o ilicitud de los fondos. Después de tantos subterfugios, pareciera que los partidos políticos algo esconden y se niegan a ser ejemplo de transparencia. Vociferan transparencia, pero con sus actuaciones predican oscurantismo.

La reforma recién realizada no cumple los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional, por lo que la previsible consecuencia de esta negativa, será que los partidos políticos no recibirán la deuda política como se ha establecido en las resoluciones de seguimiento. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que reflexione sobre la actitud poco transparente y sospechosa que refleja al no querer revelar a sus donantes, pues están violentando el derecho de acceso de información de la ciudadanía y fomentando la corrupción.

PRESIDENTE DEL TSE: ¿AUTORIDAD ELECTORAL O ACTIVISTA POLITICO?

La semana pasada vimos, con ocasión de la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual marca el inicio del próximo proceso electoral 2018, que el presidente del TSE aprovechó la oportunidad para atacar injustificadamente a la Sala de lo Constitucional, en lugar de animar a la ciudadanía a confiar en la transparencia del proceso, por los enormes esfuerzos que se supone el organismo electoral estaría realizando para sacar adelante el evento electoral, a pesar de las grandes limitantes de recursos en su presupuesto.

Tampoco aprovechó para invitar a la ciudadanía a informarse, e integrarse en los organismos electorales temporales, en caso que los partidos políticos no cubran con la nómina de ciudadanos no afiliados partidarios que deben aportar.

Y mucho menos hizo un llamado a los partidos políticos a cumplir la sentencia 43-2013 de la Sala, quien recientemente, ante el incumplimiento de la misma por parte de los partidos, le indicó al TSE, abstenerse de entregarles cualquier suma de dinero en concepto de deuda política para las elecciones de 2018, si persiste la falta de revelación completa de sus donantes en los procesos de elección 2014 y 2015; resolución en la que también se dispuso al TSE, que debía valorar y decidir la inscripción o no para las próximas elecciones legislativas y municipales, de los candidatos de los partidos que no rindan cuenta de dicho financiamiento.

En su diatriba, les llamó “cuatro creativos” – sabemos a quienes se refiere- culpándoles de modificar el sistema electoral con sentencias, mostrando así su rechazo a la apertura democrática y deber de transparencia en el financiamiento de los partidos, que de las sentencias de la Sala ha emanado, y por ello tenemos ahora participación de candidatos no partidarios, voto por rostro y preferente, voto cruzado, etc., que aunque no negamos, ésto último complejiza más el proceso, hay sin duda maneras de resolverlo a través de tecnología, que se ha negado a aceptar.

Con esto, el Presidente Olivo parece olvidar, que no es la Sala, la que oficiosamente ha resuelto lo que a él tanto le molesta, sino que han sido ciudadanos que en el libre ejercicio de su derecho han acudido a la Sala, promoviendo demandas que derivaron en esas resoluciones, que han motivado parte de los cambios legislativos que ahora tenemos tanto en el proceso electoral como en regulación de los partidos políticos.

No es entonces, “un gobierno de los jueces” sino el legítimo derecho ciudadano a acceder a la justicia constitucional, la que ha obtenido justa respuesta por parte de jueces notables, lo que ha generado los cambios que ahora el presidente del TSE reprocha, llamando incluso morbo, al derecho a conocer resultados electorales ágiles el día de la elección.

Lo que pedimos es que el presidente del TSE cumpla con sus obligaciones, permita a los demás magistrados cumplir con las propias, y juntos se esfuercen por conseguir un presupuesto extraordinario para 2018, en el que sea posible evitar los problemas de 2015. Deben esforzarse por ofrecernos a los ciudadanos soluciones inteligentes, que garanticen cumplir la tarea encomendada, en un proceso en que se respete la voluntad popular. El presidente del TSE debe dejar de parecer un activista más ante el electorado.

TUVIMOS QUE DEMANDAR

El día viernes de la semana recién pasada, impugnamos por inconstitucionales los Decretos Legislativos 764/2017 y 765/2017, mediante los cuales la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas de la República (CCR.

Esta decisión la tomamos luego de revisar el Dictamen de la Comisión Política y percatarnos que la Asamblea volvió a incumplir sus obligaciones constitucionales. Para el caso, no puede saberse cuáles fueron los elementos que la llevaron al convencimiento de la moralidad y competencia notoria de los funcionarios electos, puesto que la Asamblea se limitó a hacer una etérea invocación de estos postulados, como si enunciarlos fuera sinónimo de verificarlos y de dejar constancia de tal verificación.

En cuanto a la independencia partidaria, ni el informe de la subcomisión creada al efecto, ni el dictamen de la Comisión Política, hacen alusión alguna a la manera en que pudieron comprobar que los vínculos partidarios no existían, o que, habiendo existido, no eran relevantes al momento de tomar la decisión.

Esto último adquiere sobrada importancia por lo que se conoció públicamente después de la decisión adoptada por la Asamblea, habiendo transcendido que al menos una de las magistradas electas, podría tener vínculos partidarios o podría haberlos tenido en el pasado reciente. El hecho de que la Asamblea (ni en el informe de la Subcomisión ni en el Dictamen de la Comisión) no tenga ningún pronunciamiento al respecto, ya sea descartando o el vínculo o, al menos, restándole importancia para el caso concreto, pone en evidencia que no se condujo un procedimiento acorde a lo esperado; que no se cumplieron con las obligaciones constitucionales.
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Tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional que a estas alturas ya está consolidada, concluimos que existe un vicio en todo el procedimiento de elección de los magistrados de la CCR, pues no existe absolutamente ningún tipo de explicación de cómo, la Comisión Política primero, y la Asamblea en pleno después, considera que las personas electas reúnen estándares más elevados de moralidad y competencia notoria que el resto de candidatos, ni cómo lograron evidenciar la desvinculación partidaria en los funcionarios electos, resultando en un vicio de trascendencia constitucional que afecta toda la elección.

En el caso específico de la elección de los magistrados de CCR, la moralidad y competencia notoria, así como la independencia político-partidaria, son requisitos cuyo cumplimiento debe ser estrictamente verificado por la Asamblea; se trata de una labor que entraña los más elevados estándares de diligencia y cuidado.

En nuestra demanda, no hacemos ningún tipo de alusión a las credenciales que puedan o no tener las personas que han resultado electas; no es ese el punto. Lo que nos parece inapropiado y además inconstitucional, es que la capacidad notoria de una persona se fundamente -únicamente – en el número de años que ha tenido en una institución, cuando no se conoce cuál ha sido su real desempeño durante ese tiempo; o por lo menos la Asamblea no parece haberlo investigado.

Y más inapropiado resulta el hecho de que esos mismos datos sirvan para tener por comprobada la moralidad notoria o hasta la requerida independencia partidaria.

Lo advertimos durante todo el proceso, pero no quedó mas remedio. Ahora tendrá que ser la Sala de lo Constitucional la que dictamine.

Por el fortalecimiento de los partidos políticos

En agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional resolvió el proceso de inconstitucionalidad 43-2013. Desde entonces determinó que la Asamblea Legislativa tenía -entre otras- la obligación de desarrollar el derecho de acceso a la información ciudadana, y el principio de transparencia en los partidos políticos.

Ante ello, ordenó que en dos meses se crearan disposiciones dirigidas a desarrollar “(i) la transparencia en el origen y destino de los fondos con que los partidos y sus candidatos financian su actividad; (ii) las estructuras organizativas de los institutos políticos, que incluya una instancia cuya función contralora garantice la rendición de cuentas; (iii) la garantía de los ciudadanos de acceso a la información de interés público en poder de los partidos”.

Han pasado más de tres años, y la Asamblea continúa incumpliendo esa sentencia. El pasado 8 de septiembre, encontrándonos a la vuelta de las elecciones de diputados y concejos municipales, la Sala emitió otra resolución de seguimiento, ordenado que a más tardar el 1 de noviembre, la Asamblea realice “las adecuaciones normativas que correspondan a efecto de cumplir con la sentencia de 22-VIII-2014 para regular lo relativo al derecho de acceso a la información financiera de los partidos políticos que permita a los ciudadanos conocer la identidad de las personas naturales o jurídicas que financian a dichos partidos y a sus candidatos, en qué concepto y cuantía lo hacen y cuál es el destino de esos fondos”.

El incumplimiento obliga a las autoridades competentes, dice la Sala, a “que se abstengan de entregar a todos aquellos partidos políticos que hayan participado en las elecciones de 2014 y 2015, cualquier suma de dinero en concepto de deuda política o de anticipo de la misma para las elecciones legislativas y municipales de 2018”.

En adición la Sala dispone que el TSE puede “valorar y decidir la inscripción o no para las próximas elecciones legislativas y municipales, de los candidatos de los partidos políticos que no rindan cuenta de su financiamiento”.

Es inaudito que una orden judicial emitida hace tres años, aún no se cumpla. Y es aún más grave pues en esa falta se viola el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía. Los partidos políticos son vitales en nuestra democracia y aunque no son el único vehículo para acceder al poder, sí son el más importante.

Por eso es transcendental fortalecerlos y defender su institucionalidad. Y es precisamente eso lo que está propiciando la Sala de lo Constitucional.

Impulsar la democracia interna y la transparencia de los partidos políticos es fundamental para que estos se transformen en medios de organización política ciudadana. La opacidad en su financiamiento es caldo de cultivo para que grupos de poder ocultos —involucrados en actividades ilegales o no— controlen a los partidos, y sustraigan el poder de decisión a los ciudadanos que han buscado manifestarse políticamente en esos institutos.

A los ciudadanos que no están involucrados en partidos políticos, les interesa saber quiénes financian a los partidos. Es una información fundamental para decidir si votan o no por los candidatos que estos les ofrecen en tiempos electorales.

Pero son los militantes de los partidos quienes más deberían exigir transparencia dentro de sus instituciones. La transparencia es un mecanismo de contención a sus dirigentes y con ella los militantes pueden dejar de tener actitudes omisas y permisivas con las cúpulas, y pasar a ser verdaderos tomadores de decisiones en esas organizaciones.

Esperamos que la sentencia de la Sala se cumpla, y con ella se fortalezcan los partidos políticos, y nuestra democracia. Eso mismo esperamos de las futuras actuaciones del TSE, quien deberá cumplir con su rol constitucional y legal. De no ser así, sabemos lo que sucederá; y eso a nadie conviene.

¿QUÉ MAGISTRADOS NECESITAMOS EN LA CORTE?

Plenamente conscientes de la transcendencia que tienen las próximas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entendiendo en su justa dimensión el rol que nos corresponde desempeñar, hemos elaborado un protocolo de selección que aplicaremos al interior de nuestra asociación, y que desde ya deseamos pueda ser replicado por las otras asociaciones de abogados que participan del proceso de selección que administra la
FEDAES.

Hemos estructurado un protocolo que regula el proceso de postulación, cuya esencia radica en establecer un procedimiento claro y transparente, que favorezca la participación con equidad para todos los candidatos, pero que sobre todo establezca un alto perfil que procure la designación de los mejores candidatos, poniendo el listón muy alto.

El perfil del candidato a magistrado ha sido elaborado partiendo de los requisitos constitucionales y legales, pero dando contenido a las características requeridas de honorabilidad, competencia especifica de conocimiento jurídico, basado en la formación académica y experiencia profesional para la materia o área de conocimiento de la Sala de la
Corte a la cual aspira llegar, independencia partidaria, y elevado compromiso con el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

Es así que hemos identificado como perfil idóneo, el que además de los requisitos mínimos comprende: 1) Sobresaliente formación académica, enfocada en el área de trabajo judicial que aspira; 2) Destacada experiencia profesional o docente, relativa al trabajo judicial que se propone desempeñar, de al menos diez años previos de ejercicio; 3) Experiencia o formación en gestión pública para un buen gobierno judicial y la adecuada administración de los recursos; 4) Demostrar compromiso con la vigencia del Estado de derecho y el respeto
de los derechos humanos; y 5) Gozar del reconocimiento profesional de sus pares, por su idoneidad para el cargo.

Entre la documentación a exigirse a los interesados está: hoja de vida actualizada; copia de títulos académicos y otras credenciales; declaración jurada de no estar incluido en las prohibiciones legales para el cargo; declaración jurada de no haber sido sancionado por ningún delito, ni ser parte actual de procesos penales, o por procesos de enriquecimiento ilícito, ni por faltas a la ética y acceso a la información pública en los últimos cinco años; no
tener sanciones por infracciones a las normas sobre niñez y adolescencia, discriminación y violencia contra las mujeres, ni por faltar a obligaciones alimenticias; no tener sanciones por faltas profesionales o del ejercicio judicial en los últimos diez años; constancia de no afiliación política; finiquito extendido por la Corte de Cuentas de la República o constancia de no haber estado sujeto a un juicio de cuentas, con sentencia condenatoria; solvencia tributaria y municipal; y declaración jurada de intereses, que refleje sus relaciones empresariales, gremiales, y asociativas.

Queremos incorporar los filtros necesarios para que a las elecciones que convoque la FEDAES, lleguen las mejores propuestas, filtros que confiamos se trasladen a las demás asociaciones postulantes, a la misma FEDAES, al CNJ y a la Asamblea Legislativa, exigiendo que se incorporen en sus reglamentos respectivos, permitiendo el escrutinio y
participación ciudadana.

Lo que está en juego para las próximas elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia es crucial, ya que de cinco magistrados salientes, cuatro ocuparan las vacantes de la Sala de lo Constitucional, institución fundamental para la conservación de nuestro Estado de derecho, el respeto a la independencia de poderes, y el mantenimiento de los frenos y contrapesos propios de una democracia.

Tal propósito nos exige trabajar intensamente para lograr que sean escogidos los mejores abogados, intachables, reconocidos por su integridad, y excelente trayectoria académica y profesional. Nosotros nos tomamos en serio el rol constitucional que tenemos en estas elecciones; esperamos que las otras asociaciones de abogados también.

LES VOLVERÁN A ENMENDAR LA PLANA

La semana pasada pedimos que los pre candidatos a diputados para la próxima legislatura, que se comprometieran públicamente, a cumplir – como mínimo – con cinco puntos no negociables, todos ellos relacionados con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Les exigimos una elección sin retrasos, sin secretismos, sin cuotas partidarias, sin traslados entre Salas y sin reciclajes injustificados.

Estas exigencias están en completa sintonía con lo que hemos venido planteando desde hace años en relación a todos los procesos de elección que corresponde desarrollar a la Asamblea Legislativa; entre ellos, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas.

En relación a esta institución, junto con otras organizaciones y representantes de la sociedad civil, estuvimos exhortando a los diputados para que dejaran atrás todo tipo de negociaciones oscuras y eligieran magistrados independientes, sin sesgos partidarios, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, con sobrada experiencia y con moralidad y competencia notoria.

También les estuvimos recordando que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional ya consolidada, la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Política, debe dar muestras evidentes del ejercicio analítico desarrollado en el proceso de elección, debiendo explicar y fundamentar ampliamente los motivos por los que decide elegir a determinadas personas y descartar a otras. No basta listar los atestados presentados por los postulantes o simplemente describir el procedimiento supuestamente efectuado.

Tristemente, en el proceso de elección de Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa eligió con retrasos, con secretismo, con reparto de cuotas partidarias y con reciclajes injustificados. Muchos de los ahora diputados que pretenden reelegirse, votaron así, dejando claro que no están dispuestos a cumplir con los compromisos mínimos que la semana pasada les planteamos.

Los diputados pudieron elegir en tiempo, pero no quisieron hacerlo, sin que hasta hoy eso sea algo que les preocupe y sin que entiendan que con eso incumplen sus obligaciones constitucionales. El día de la elección, miembros de la comisión política se apartaron de la agenda prevista en la sesión plenaria, para negociar a espaldas de la población y lejos del control de los medios. Terminaron decantándose por un evidente reparto de cuotas partidarias y dejaron de lado la meritocracia en su análisis; todo lo contario al deber ser.

Si así votan por la Corte de Cuentas, y si así han estado dispuestos a votar en el pasado, es previsible que así votarían por magistrados de Corte Suprema de Justicia en 2018; es tarea de todos no permitírselos.

Hasta la fecha, la Corte de Cuentas de la República es una de las instituciones que menos ha querido cumplir con su rol constitucional. No hemos tenido un ente que controle el uso adecuado y eficiente de los fondos públicos; no hemos tenido quien vigile la recaudación, custodia y erogación de fondos públicos. No hemos tenido quien fiscalice la gestión económica de las instituciones públicas y empresas estatales de carácter autónomo o las entidades privadas que reciben fondos públicos. Lo que hemos tenido ha sido una fiscalización selectiva, omisa y hasta cómplice muchas veces.

Para el caso, ya todos sabemos que hay partidos políticos que han estado dispuestos a financiar a grupos terroristas, con las consecuencias legales que eso genera. Pero lo que no sabemos todavía, porque Corte de Cuentas no ha querido cumplir su rol, es si ese financiamiento proviene de fondos públicos que son entregados a los partidos.

Sabemos que hay fondos púbicos que indebidamente se han entregado a fundaciones privadas y que algunas de esas fundaciones están vinculadas con los diputados de la Asamblea, pero todavía no sabemos el destino que se ha dado a esos fondos.

Los diputados nos volvieron a fallar. Nosotros volveremos a acudir a las instancias correspondientes para que – otra vez – les enmienden la plana.

CANDIDATOS: ¿ASUMEN ESTOS CINCO COMPROMISOS?

Faltan 188 días para la elección legislativa y aún no hay compromisos claros respecto a un tema de suma relevancia nacional e intergeneracional: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia –cuatro de ellos, a la Sala de lo Constitucional. A continuación y sobre esta decisión, se plantean cinco puntos no negociables para la construcción de un verdadero estado constitucional de derecho en El Salvador.
1) Una elección sin retrasos. El peligro más inmediato es que la Asamblea Legislativa no elija magistrados antes de julio de 2018, sino que lo haga después de las elecciones presidenciales de 2019. Este vacío de más de medio año no solo dejaría desprotegido los derechos fundamentales de los salvadoreños, sino que permitiría graves abusos durante el período de campaña electoral. En este escenario, la ausencia de la jurisdicción constitucional colocaría en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la confianza en las instituciones y por tanto la estabilidad política del país.

2) Una elección sin secretismos. Las decisiones que afectan al público deben ser públicas, documentadas y debidamente motivadas, tal como lo demanda la ciudadanía y ha sido ordenado en numerosos fallos por la Sala de lo Constitucional. La transparencia permite que la ciudadanía audite las decisiones de sus representantes y por ende es garantía que personas con moralidad y competencia notoria, como lo exige el artículo 176 de la Constitución, sean elegidas. Tanto los perfiles y las entrevistas de los candidatos como los debates posteriores y los criterios de evaluación, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador o en la Asamblea Legislativa, deben presentarse de cara a la población.

3) Una elección sin cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo a los artículos 172 y 186 de la Constitución que han sido aplicados en distintas resoluciones también emanadas de la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e incluso impunidad. Promover candidatos con vínculos partidarios resulta inadmisible desde la ética y el orden constitucional.

4) Una elección sin traslados. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como ya se establecipo en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012.

5) Una elección sin reciclajes injustificados. No debe confundirse la carrera judicial o de servicio público, que se justifican sobre la base de la estabilidad y la meritocracia, con promover a funcionarios por su lealtad con intereses personales. Si se propone elegir a determinado juez o funcionario a la Corte Suprema de Justicia, debe justificarse cuáles son los méritos demostrados y los logros puntuales por tal persona durante su gestión al frente del servicio público. De esta forma y en sintonía con la sentencia 3-2015 de la Sala de lo Constitucional, se evitará premiar a quienes han favorecido a algún grupo de poder desde la función pública y al margen de la ley.

Las campañas electorales son oportunidades valiosas para preguntar a los candidatos y obtener de estos compromisos concretos. Desde el CEJ, invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación, a hacer la siguiente pregunta a cada una de las personas que aspiran a ocupar o seguir ocupando un curul en la Asamblea Legislativa: usted, ¿asume estos cinco compromisos?

¿Estamos financiando a terroristas?

La semana pasada se celebró audiencia en el proceso que se instruye contra ciertos exfuncionarios, empleados públicos, y sujetos privados a quienes se les atribuye la comisión de delitos en el marco de la política del gobierno conocida como la tregua con las pandillas.
En esa audiencia, un líder pandillero rindió su testimonio y aseveró que para las elecciones presidenciales de 2014 el FMLN y ARENA les entregaron a las 3 principales pandillas, cantidades de dinero para requerirles apoyo en la campaña electoral. Ese apoyo, para el caso del FMLN, incluía quitarles el Documento Único de Identidad a las personas afines a ARENA, y así evitar que ejercieran su derecho al sufragio.
Cabe recordar que a inicios de este año, ciertas investigaciones periodísticas revelaron las reuniones de altos dirigentes de ARENA y el FMLN con líderes pandilleros en el contexto de las elecciones de 2014. En esa ocasión dijimos en esta columna: “Lo que merece todo nuestro repudio es que las conversaciones (con las pandillas), negociaciones o como quiera llamárseles, se manejen en la penumbra y tengan como propósito la obtención de réditos políticos electorales. Es la vida y la tranquilidad de los ciudadanos la que día a día está en juego”.
La declaración testimonial relacionada, aunada a las investigaciones periodísticas sobre ese mismo asunto, son indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie de inmediato una investigación.
En respeto al derecho a la presunción de inocencia, debemos ser prudentes y evitar condenar de antemano a cualquier sujeto o partido político. Pero, de igual manera, ejercer ciudadanía supone exigir a FGR que investigue profunda y rápidamente si los partidos políticos, sus dirigentes, y algunos sujetos relacionados a aquellos, han participado en financiar a los grupos pandilleros.
Esto adquiere singular importancia porque en agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en que, de un modo innovador, hizo una declaratoria general de las pandillas como organizaciones terroristas. Dijo: “Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, (…) en consecuencia,sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas”.
De ese modo, no es baladí la existencia de indicios de un financiamiento directo de las pandillas por parte de los dos partidos políticos mas grandes del país. Tal circunstancia supondría no solo que tales partidos, y en particular algunos de sus dirigentes, financiaron organizaciones terroristas; sino que también ellos serían considerados terroristas, a partir de los criterios definidos por la Sala de lo Constitucional.
El caso resulta peor ya que de acuerdo a tales indicios, los diálogos y el financiamiento a las pandillas fue con el objeto de obtener apoyo en votos y en actos criminales disuasivos para la elección presidencial de 2014. Y siendo que esta se definió apenas por 6,634 votos —que representaron el 0.22% de los votos válidos—es altamente probable que la existencia de tales irregularidades —si es que ocurrieron— haya sido determinante para alterar el resultado final.
De ser cierto, esto supondría el delito de fraude electoral, y uno de los más graves atentados a la democracia después de la firma de los Acuerdos de Paz.
Los donantes de los partidos —empresarios, empleados públicos, y cualquier individuo— así como todos los contribuyentes —que también financiamos indirectamente a los partidos mediante el pago de impuestos que fondean la deuda política— debemos exigir explicaciones a los líderes de los partidos, y resultados inmediatos a la FGR.
Ningún financista de partidos políticos ni ningún otro ciudadano debería tolerar que el dinero que aportan a esos institutos termine en manos de organizaciones criminales que amenazan la seguridad y vida de todos los salvadoreños. Estaremos atentos a las actuaciones de FGR

VARIAS TAREAS PENDIENTES EN LA CORTE

Son ya numerosas las exhortaciones que hemos hecho a la Corte Suprema de Justicia para que acelere la depuración judicial. Se trata de una tarea que ya lleva demasiados años pendiente y a la cual no se le puede seguir dando largas, pues está causándonos serios daños a todos los ciudadanos. Como lo hemos sostenido en reiteradas ocasiones, la impunidad y la inseguridad de la que ahora somos presa, se debe en buena medida a que no se han realizado las actuaciones necesarias para separar a los jueces corrupto.

Tampoco se ha hecho mayor cosa para separar a aquellos jueces que han mostrado graves deficiencias en sus razonamientos legales y que con ello ocasionan tanto o más daño que los que se prestan a actuaciones delictivas. Insistimos en que esa imprescindible depuración judicial, pasa por reestructurar por completo la sección de investigación profesional y judicial, así como con el establecimiento de mecanismos ágiles y eficientes para conducir las respectivas investigaciones.

A esta tarea se le suma ahora otra que venía cumpliéndose bastante bien durante el año pasado, pero que en este año nos ha vuelto a preocupar. No existe ninguna justificación válida para que se hayan vuelto a “entrampar” las investigaciones conducidas por la sección de probidad, a lo cual se agrega la reciente decisión de Corte plena que decidió reservar la información relacionada con esas investigaciones.

Volvemos a preguntarnos ¿qué ha pasado con probidad? Sobre todo porque desde el año pasado se divulgó públicamente que existían más de 70 casos que estaban siendo investigados en la sección de probidad y que algunos de ellos ya se encontraban en su fase final, listos para ser sometidos a consideración y decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno. En términos generales seguimos sin saber qué pasó con esos casos, salvo la escaza información que ha sido divulgada a través de algunos medios.

Esto preocupa porque ya se había generado en la sociedad, la percepción de que en la Corte Suprema de Justicia las cosas habían cambiado y ahora sí existía el compromiso por combatir la corrupción. La decisión de reservar la información de esos casos, más el injustificable retardo en resolverlos, está botando por completo esa percepción y está comenzando a generar otra; la impunidad vuelve a asomarse.

A esto hay que agregar la discrecionalidad con la que aparentemente se están manejando los procesos. Entendemos que no existe un procedimiento establecido claramente en la ley de la materia, y si bien es cierto que tal procedimiento no es requisito sine qua non para que la Corte despliegue su facultad constitucional, no podemos negar que en nada contribuye el hecho que se estén otorgando distintos plazos a las personas investigadas para que presenten la documentación o información de descargo a la sección de probidad.

Por último y a raíz de la reciente decisión de la Sala de lo Constitucional en materia presupuestaria, surge la ineludible e impostergable tarea de manejar de manera más eficiente el presupuesto asignado al Órgano Judicial. Esto pasa por ajustar remuneraciones, eliminar o disminuir ciertas prestaciones, focalizar esfuerzos, redistribuir jurisdicciones, hacer un uso más inteligente de las instalaciones y en fin, pasa por evitar el despilfarro que sin duda existe en ese Órgano.

Desde luego que la Corte tiene muchas otras tareas, pero desde nuestra perspectiva, estas 3 adquieren singular transcendencia en el contexto de las próximas elecciones de magistrados. Y es que además de las consabidas características de independencia, así como de capacidad y moralidad notoria, queremos magistrados que estén comprometidos con la depuración judicial, que estén decididos a combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias y que tengan adecuados criterios gerenciales que permita a los ciudadanos tener un mejor acceso la justicia.

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