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MENSAJE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Las elecciones para la Asamblea Legislativa, concejos municipales y presidenciales están a la vuelta de la esquina. El año 2018 nos recibirá con dos procesos electorales al hilo y es inevitable que aparezca el fantasma de lo que vivimos en las elecciones 2015. Al Tribunal Supremo Electoral se le salió de las manos el proceso y por eso surge la natural preocupación sobre lo que nos espera en 2018 y 2019. Esos vientos parece que estan volviendo a soplar con fuerza.

Los problemas en el año 2015 iniciaron antes del día de las elecciones. La adjudicación del sistema de transmisión a empresas de dudosa procedencia, la falta de capacitación en el conteo de votos de los miembros de las juntas receptoras de votos y la poca educación a la ciudadanía sobre las opciones de votación que teníamos, fueron solo el inicio de un proceso complicado y sumamente cuestionado. Todo empeoró el día de la votación y los días siguientes. Ese día revivió la preocupante práctica de buscar anular los votos de los adversarios por cuestiones efímeras, convirtiéndose en estrategia electoral para obtener un gane. Vivimos un conteo de votos confuso que duró más de setenta días y, además, en el recuento de votos por San Salvador “se recuperaron” más de veinte mil votos; es decir, se tomaron en cuenta todos esos votos que habían sido anulados indebidamente en el conteo inicial.

A tres meses de las elecciones para Asamblea Legislativa y consejos municipales, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral a que se tome en serio el rol de máxima autoridad electoral, supervisando activamente la ejecución del proceso antes, durante y después del día de las elecciones; es necesario que la empresa –por hoy una única oferente- a la que se adjudique la transmisión de datos goce de la suficiente credibilidad para que no se ponga en duda la legitimidad del proceso.

También es imperativo que el Tribunal Supremo Electoral deje de ser esa entidad pasiva que permite hacer a los partidos políticos lo que quieran, sin hacer respetar las leyes electorales ni los derechos de los votantes. Debe garantizarse que se respete la voluntad de la ciudadanía salvadoreña en la elección de sus representantes y que sea haga valer su voto.

El Tribunal debe poner sus barbas en remojo y aprender de los errores del pasado. Ya pasaron tres años desde la última elección bajo más misma reglas, por lo que repetir los mismos yerros resulta inadmisible, dudoso y cuestionable.

Por supuesto que como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte yendo a votar masivamente, incentivando a la ciudadanía al voto y siendo parte de las juntas receptoras de votos. Es necesario incrementar la participación para que estas elecciones sean representativas del sentir del pueblo, ya sea votando por cualquiera de los partidos competidores o por la opción de los candidatos no partidarios si estos logran postularse. Hay que recordar que la responsabilidad de los gobernantes que tenemos también es de aquellos que se abstienen de votar y dejan una decisión tan importante al voto duro de cada sector.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: no pongan en duda la legitimidad de nuestra democracia; como ciudadanos y miembros Centro de Estudios Jurídicos cumpliremos con nuestro deber y estaremos vigilantes.

El Centro de Estudios Jurídicos, COMUNICA:

A. Que el día de ayer miércoles 13 de diciembre, tuvo lugar una sesión de junta directiva de la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE EL SALVADOR (FEDAES), cuyo punto principal era discutir la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para separar al Dr. Marco Gregorio Sanchez Trejo, como Presidente de la misma.
B. Que dicha petición fue realizada porque sostenemos y reiteramos que seguir al frente de FEDAES –ante los cuestionamientos en su designación ante SIGET – afecta innecesariamente la credibilidad y transparencia del proceso de elección de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia 2018.
C. Que dicha moción fue presentada no solo por el CEJ, sino también por la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador y por la Asociación de Abogados de El Salvador; y fue luego apoyada por la Asociación de Abogados de Sonsonate, siendo un total de 4 asociaciones las que consideramos esta, como la mejor solución frente a la coyuntura actual.
D. Que tras largas horas de debate y a pesar de que insistimos en que la Asociación de Abogados de Oriente no podía votar en este punto, no se logró tomar la decisión de convocar a Asamblea Extraordinaria porque la anterior asociación, más el CAS y ABOGA, no estuvieron de acuerdo en hacerlo, quedando la alternativa de efectuar la convocatoria de manera directa como lo establecen los estatutos de FEDAES.
E. Que sin perjuicio de lo anterior, la discusión en Junta Directiva realizada el día de ayer, permitió que se planteara una solución alternativa, la cual en aras de mantener la armonía gremial, la unidad y el enfoque principal de nuestra petición, estamos dispuestos a considerar siempre que permita tener un proceso de elección de magistrados confiable, transparente y democrático.

Por todo lo anterior, el Centro de Estudios Jurídicos MANIFIESTA:
1. Que reitera la propuesta, que acompañan otras tres asociaciones de abogados, en la que por ética, probidad, y compromiso con la transparencia y el imperio de la legalidad, el Dr Gregorio Sanchez Trejo, renuncie a la presidencia de FEDAES.
2. Que en su defecto, estamos dispuestos a discutir de inmediato, una alternativa que implique que el actual presidente de FEDAES, se abstenga de participar en toda cuestión que tenga que ver con la organización y administración del próximo evento electoral que organiza esta federación.
3. Que estamos abiertos a conversar y discutir toda otra moción que vaya en aras de fortalecer el gremio de abogados y de dotar de credibilidad el proceso de elección de magistrados
4. Que exhortamos a la comunidad jurídica, sociedad civil, y ciudadanía en general, a estar atentos a este proceso y su desenlace, pues no dejaremos de hacer público cuanto intento por acción u omisión se haga por parte de los involucrados en esta toma de decisión, que vaya en contra de la libertad de información y derecho a saber que tiene la sociedad en general.

POR EL IMPERIO DEL DERECHO

Amenazada la transparencia de FEDAES

La semana pasada, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción —del cual el CEJ es parte—celebró la Semana de la Transparencia.

Uno de los temas sobre los que se discutió fue la existencia de mecanismos de transparencia en la elección de funcionarios de las altas cortes. En el abordaje de ese asunto presentaron ponencias el Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España y representantes de la American Bar Association y de la Universidad de Salamanca. Tomando en cuenta el momento histórico que vivimos, discutir este tema desde la óptica de la transparencia fue un asunto de particular interés para nuestra asociación.

Como hemos expresado anteriormente, estamos haciendo un genuino esfuerzo por predicar con el ejemplo, estableciendo un procedimiento claro y transparente para elegir a las personas que postularemos como candidatos a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. El informe sobre los avances de este proceso se ha hecho no sólo a nuestra membresía, sino al público en general, conscientes que la elección de magistrados es algo que trasciende al gremio de abogados, y abarca a toda la ciudadanía.

Pero además de las asociaciones de abogados, lo determinante es que la transparencia permeé a las autoridades que administrarán las distintas etapas del proceso de elección: la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), el Consejo Nacional de la Judicatura y la Asamblea Legislativa.

Es por eso que nos preocupan las irregularidades ocurridas en el procedimiento de elección que culminó con la juramentación como directivo de SIGET del doctor Gregorio Sánchez Trejo, quien actualmente ocupa la presidencia de FEDAES.

La transparencia en el proceso electoral que administra FEDAES para elegir a candidatos a la magistratura debe estar garantizada, y ha sido con ese único afán que hemos solicitado que se sustituya al actual presidente de FEDAES o que, en su defecto, se excuse de conocer cualquier asunto relacionado a ese proceso electoral.

Con esa petición queremos evitar que los cuestionamientos en el procedimiento que le eligió como directivo de SIGET, contaminen la elección que harán los abogados el próximo año para elegir a potenciales magistrados.

Las asociaciones de abogados que participaremos en ese proceso electoral exigimos que nuestros candidatos participen en un proceso que goce de credibilidad, y si estamos exigiendo a todas las autoridades que conduzcan procesos transparentes, democráticos y participativos, tenemos la obligación de hacer lo propio en el seno de FEDAES.

La Constitución otorgó al gremio de abogados la oportunidad de participar en la elección de magistrados. Eso nos plantea una responsabilidad enorme ante la ciudadanía. Como gremio de abogados le debemos a los ciudadanos la prosecución de un proceso electoral transparente, que culmine con la propuesta de candidatos probos y de la más alta calidad.

Por eso debemos actuar de manera pronta ante cualquier circunstancia que empañe esa responsabilidad que el pueblo, a través de la Constitución, nos ha otorgado. Las circunstancias ocurridas en la elección para la Junta de Directores de SIGET minan la confianza en nuestro proceso electoral; de manera que las asociaciones de abogados que participamos en FEDAES no podemos hacer caso omiso de lo ocurrido, y proseguir con nuestra agenda como si no hubiera ocurrido nada. La ciudadanía tiene los ojos puestos sobre nosotros.

Continúa proceso de selección de aspirantes a magistrados

Como parte del proceso que desde hace meses hemos venido desarrollando, para postular a nuestros aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Selección ha podido verificar -preliminarmente – que los abogados Aldo Enrique Cader, Marcelo Rafael Barrios, José Mauricio Rodríguez, Ivette Cardona, Silverio Henriquez Toledo, José Luis Lovo Castelar, Marina Marenco De Torrento, Boris Solórzano y Lucas Chinchilla, cumplen con los requisitos mínimos exigidos por nuestra Constitución para ocupar las más altas magistraturas.

Tal como lo establece nuestro protocolo de selección, la Comisión ha pedido a estas personas, que presenten, además de su hoja de vida y sus títulos académicos, documentación que acredite: que no han sido sancionados penalmente por ningún tipo de delito ni son parte actual de procesos penales que pudieran resultar en una sanción penal; que no han sido sancionados en procesos judiciales por enriquecimiento ilícito; que no han sido declarado responsable de la vulneración de derechos humanos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; que no han recibido una sanción en los últimos cinco años por faltas a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley de Acceso a la Información Pública; que no han sido sancionado por una infracción a la Ley de Protección Integral de la Niñez y de Adolescencia, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres o por haber faltado a las obligaciones alimenticias con su cónyuge e hijos; y que no han sido sancionados por faltas a los estándares de la profesión jurídica o del ejercicio judicial durante los últimos diez años.

Además, estas personas deberán presentar constancia de no aparecer en los registros de afiliación de los partidos políticos; solvencias tributarias y municipales, finiquitos extendidos por la Corte de Cuentas, declaración jurada de no haber participado en actividades partidarias durante los cinco años anteriores y declaración jurada de intereses en la cual se reflejen las relaciones empresariales, gremiales, y asociativas del interesado.

La Comisión de Selección conducirá a partir de esta misma semana, entrevistas con cada uno de los aspirantes. En esas entrevistas se pretende escrutar, aún más, sobre sus calificaciones personales y profesionales.

Sabemos que estamos siendo muy exigentes, pero también reconocemos que eso es precisamente lo que ha estado haciendo falta en los procesos de elección de funcionarios en general y, ya no se diga, en los procesos de elección de magistrados.

Estamos exigiendo que la Asamblea Legislativa deje atrás las consabidas prácticas al momento de elegir funcionarios, por lo que queriendo predicar con el ejemplo, nos hemos dado a la tarea de realizar un verdadero proceso de selección, en el que seamos las asociaciones de abogados, las primeras en dar muestras serias de nuestro compromiso con la independencia judicial y la meritocracia.

Las 9 personas que participan de este proceso han expresado por anticipado su aceptación a estos requerimientos, lo cual -como se los hemos dicho – es una decisión que ya refleja por sí misma, su genuino interés en luchar por el imperio del derecho.

Exhortamos a todas las demás asociaciones y a FEDAES, a hacer lo mismo: seamos consecuentes con nuestras exigencias. Pongamos nosotros los primeros filtros.

Diputados: Les tomamos la palabra

En el foro que tuvimos hace unos días con representantes de los partidos PDC, ARENA, PCN y de candidatos no partidarios, conversamos sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2018 a 2027. Varios e importantes temas salieron a colación, aunque, por el momento, nos enfocaremos en uno: el compromiso adquirido para modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Comenzamos por reconocer – como nos lo hicieron ver los diputados – que las asociaciones de abogados, la FEDAES y el CNJ tenemos una enorme responsabilidad en establecer los primeros filtros en el proceso de selección de magistrados, de forma tal que cuando la Asamblea Legislativa tenga la lista de los 30 candidatos, estos ya hayan sido adecuadamente escrutados.

Tanto reconocemos ese compromiso, que elaboramos un protocolo de selección de aspirantes que ya está siendo aplicado y que nos permitirá de forma transparente, democrática y eficiente, postular a aspirantes que se acerquen al perfil ideal de un magistrado. Otro tanto ha hecho el CNJ con el manual de selección que, si bien aún no se implementa, está pronto a serlo.

Y siendo una de las asociaciones que integra la FEDAES, nos complace comunicar que ya estamos trabajando en el Reglamento que deberá ser implementado para estas elecciones. Somos parte de la Comisión que está elaborando ese Reglamento y al menos nosotros, nos comprometemos públicamente a introducir en el mismo, esos imprescindibles filtros y mecanismos de control que tanto exigimos.

Nosotros haremos lo que nos corresponde por lo que les exigimos que ustedes también cumplan con lo que les corresponde. Como ustedes mismos dijeron, es esta legislatura y no la próxima, la que debe modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Si dejan esa tarea para después de marzo, las imprescindibles modificaciones estarán rodeadas de premura e improvisación.

Nuestra propuesta y exigencia, es que de inmediato comiencen a trabajar en incorporar en los procesos de elección de funcionarios, al menos lo siguiente: Una etapa en la que se identifique el perfil del funcionario. No hablamos de los requisitos mínimos previstos por la Constitución, sino de la identificación de las características deseables para cada cargo.

El establecimiento de parámetros de medición que sean comparables y medibles junto con la realización de verdaderas entrevistas a los aspirantes, en las que sin anunciar las preguntas a efectuar, se busque conocer las características personales y profesionales del aspirante y den lugar a la utilización de los parámetros antes identificados.

Una etapa en la que se de lugar a que organizaciones civiles, universidades, asociaciones gremiales, puedan hacer llegar sus observaciones u objeciones de manera sistemática. Esto no pretende dar un veto a la ciudadanía, sino más bien permitir que fluya más y mejor información para que ustedes, los diputados, tengan más elementos para poder tomar una decisión acertada.

El Reglamento Interior debería prohibir de manera expresa los contactos aislados de los aspirantes con sus potenciales electores. El proceso debe ser completamente transparente y abierto al escrutinio de la ciudadanía, de manera que todos sepamos qué es lo que se está considerando en relación a cada aspirante y no tengamos que vernos sorprendidos por los resultados de las negociaciones tras las cortinas.

Les tomamos la palabra; hagan ustedes lo suyo.

Una oportunidad de corregir la elección de Corte

No es normal, ni debido, que en una elección esté en juego casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional. En realidad, elegir a cuatro de los cinco magistrados que componen el máximo tribunal de justicia fue lo que se quiso evitar hace más de dos décadas, en el marco del fin del conflicto armado. Y por ello vale la pena discutir, en esta columna y en ocasiones posteriores, la posibilidad de corregir tal situación. Acá los hechos.

Una de las reformas centrales de los Acuerdos de Paz tuvo que ver con la democratización del Órgano Judicial. A partir de las reformas constitucionales de 1991, que fueron fundamentales para asegurar el pacto finalmente firmado el año siguiente en Chapultepec, la Asamblea Legislativa elegiría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de forma escalonada.

En este sentido, la Corte no solo se renovaría cada tres años en tercios, sino que sus cuatro salas –la de lo Constitucional, de lo Penal, de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo– serían renovadas de forma parcial. Con ello se evitarían renovaciones abruptas y se inyectaría una dosis de pluralidad en la Corte, en una combinación virtuosa entre magistrados experimentados y magistrados nuevos.

Así las cosas, llegó el año 1994 con un decreto transitorio que obligó a moverse al sistema escalonado con una solución puntual: elegir a los magistrados de la primera Corte con períodos diferenciados. Fue así como se eligió al doctor Domingo Méndez, exmagistrado presidente, por un período de tres años; o bien, a los doctores Orlando Baños y Enrique Argumedo como magistrados por un período de seis años. Aunque el período regular que establece la Constitución es de nueve años, estos períodos cortos forzarían a renovar las vacantes en la Sala de lo Constitucional en los años siguientes. Y así se hizo en 1997 y 2000; hasta que los diputados decidieron tomar un atajo en 2003.

En ese año, la Asamblea Legislativo trasladó a dos magistrados elegidos tres años antes, los abogados Victoria Marina de Avilés y Mauricio Clará, a la Sala de lo Constitucional. Lo mismo hizo en el año 2006 con el exmagistrado Néstor Castaneda. Estos eventos explican por qué en 2009 se tuvo que renovar casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional con la elección de cuatro de sus actuales magistrados.

Hace unos días, FUSADES propuso reformar nuevamente la Constitución con un artículo transitorio, similar al aplicado en 1994, que permita elegir magistrados con períodos distintos. Con ello se corregiría la distorsión causada y se evitaría que en 2027 se repita una renovación colectiva que, de acuerdo a la referida institución, favorece el cuoteo partidario e impide una transición armónica dentro de la Sala de lo Constitucional al posibilitar cambios jurisprudenciales radicales.

De aprobarse la reforma, debe aprobarse un acuerdo en la Asamblea Legislativa antes de marzo de 2018; para posteriormente ratificarse en la recién electa legislatura 2018-2021 antes de que se deba elegir a la nueva Sala de lo Constitucional. La propuesta es bien recibida, por lo que el debate al interior de la academia, del gremio de abogados y de los actores políticos se convierte en fundamental, necesario y urgente. Nunca es tarde para pensar en el largo plazo.

Inicia tercera etapa de nuestro proceso de selección

Ya es público que nuestra asociación, consciente de la transcendencia del proceso de elección de magistrados que se avecina, tomó la decisión de elaborar un protocolo de selección de aspirantes. Tal como nuestro protocolo lo describe, los miembros del CEJ que han tomado la decisión de participar, saben que lo harán bajo los más altos estándares de integridad, respetando tanto las reglas del proceso como a sus pares y lo harán bajo el más alto compromiso con la vigencia del Estado de derecho y los derechos de las personas.

Lo primero que hicimos fue designar una comisión de selección que ya ha comenzado a administrar y ejecutar el protocolo. Como segunda etapa, esta comisión convocó públicamente a todos los miembros del CEJ para que hicieran llegar su manifestación de interés, lo cual debían hacer adjuntando su hoja de vida en un formato diseñado por la comisión. Hacerlo de esa manera tiene el claro propósito de facilitar la comparación de las credenciales de los aspirantes, lo cual pensamos contribuye a que podamos elegir a los mejores.

Pasamos ahora a la tercera etapa de nuestro proceso. La comisión de selección verificará si prima facie, los candidatos cumplen nominalmente con los requisitos mínimos exigidos por nuestra Constitución, y pedirán a los aspirantes la documentación acreditativa de tales circunstancias.

Por su parte, los aspirantes a candidatos tendrán que comprobar a la comisión, que no tienen vínculos partidarios formales o materiales evidentes que puedan cuestionar la imparcialidad que requiere el cargo.

Quienes se han decidido a participar como aspirantes en nuestro proceso interno, tienen también que comprobar que cuentan con el perfil idóneo para ser magistrado, lo cual implica que deberán acercarse al máximo posible de las condiciones siguientes: tener sobresaliente formación académica que sea relevante para el trabajo judicial que se propone desempeñar; tener una destacada experiencia profesional o docente, o una combinación de ambas; tener experiencia profesional o formación académica relevante que les permita contribuir a la gestión del gobierno judicial; demostrar compromiso con la vigencia del Estado de derecho y el respeto de los derechos de las personas; y demostrar que gozan del reconocimiento personal y profesional de sus pares por su mérito e idoneidad para el cargo.

Para ello, los aspirantes deberán presentar los atestados correspondientes y deberán someterse a entrevistas con la comisión de selección, en las que se intentará identificar quiénes tienen los méritos suficientes para ser postulado como candidato de nuestra asociación.

Desde que tomamos la decisión de elaborar nuestro protocolo de selección, lo hicimos con la idea de ser consecuentes con nuestras propias exigencias. Queremos que en todas las asociaciones de abogados, en la Federación de Asociaciones del Abogados, en el Consejo Nacional de la Judicatura y en la Asamblea Legislativa, se realicen procesos democráticos, transparentes y que premien el mérito de los aspirantes. Por eso empezamos en casa.

La verificación de atestados, la realización de verdaderas entrevistas y el establecimiento de baremos o parámetros de medición, nos permitirán presentar a la comunidad jurídica en particular y a la ciudadanía en general, a profesionales competentes, comprometidos con el Estado de derecho y férreos defensores de la independencia judicial.

Como siempre lo hemos hecho, nos estamos tomando muy en serio nuestro rol constitucional.

¿Por qué no quieren ser transparentes?

Los partidos políticos en El Salvador se niegan insistentemente, a revelar de donde proviene su financiamiento. Desde que les fue ordenada por la Sala de lo Constitucional que hicieran de conocimiento público a los financistas, así como la cantidad de dinero que cada uno aporta, la Asamblea Legislativa se ha empeñado en esquivar de muchas formas el fallo; ha realizado distintas reformas a la Ley de Partidos Políticos, siempre haciéndose la desentendida con lo que la sentencia de inconstitucionalidad estableció.

El 22 de agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional señaló que, en el plazo de dos meses, la Asamblea Legislativa debía realizar las reformas legales necesarias que permitieran dar a conocer el origen y destino de los fondos con los que los partidos políticos y sus candidatos financian sus actividades, la implementación de un mecanismo que permita la rendición de cuentas y garantice a los ciudadanos el acceso a la información de interés público en poder de los partidos políticos.

El 31 de octubre de 2014 se realizó la reforma a la Ley de Partidos Políticos, manifestando que los partidos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite los nombres de las personas naturales o jurídicas que realizan aportes al partido político y el monto de los mismos, pero insólitamente añadieron que esto debía ser “previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información”.

Como no podía ser de otra manera, la Sala de lo Constitucional declaró incumplida la sentencia debido a que la condición plasmada no permitía el pleno conocimiento de la ciudadanía de la información de los partidos sobre su financiamiento.

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2017, la Sala de lo Constitucional otorgó hasta el 1 de noviembre de 2017, para que la Asamblea Legislativa realizara las reformas ordenadas hace más de tres años y las cuales se han negado a cumplir a cabalidad.

Tristemente, la semana pasada se aprobó una reforma que nuevamente incumple la sentencia de inconstitucionalidad, ya que sin ningún criterio se estableció que solo se podrían conocer las donaciones que excedan de $1,500 para personas naturales y $5,100 para personas jurídicas. Salta fácilmente a la vista que esta nueva reforma a la Ley de Partidos políticos no cumple con la Constitución y solo pretende establecer un nuevo obstáculo a la transparencia.

Resulta increíble que después de tantos intentos, a los diputados de la Asamblea les cueste entender que tienen que ser revelados todos sus donantes, sin ninguna excepción o condición, a fin de que exista una contraloría sobre la licitud o ilicitud de los fondos. Después de tantos subterfugios, pareciera que los partidos políticos algo esconden y se niegan a ser ejemplo de transparencia. Vociferan transparencia, pero con sus actuaciones predican oscurantismo.

La reforma recién realizada no cumple los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional, por lo que la previsible consecuencia de esta negativa, será que los partidos políticos no recibirán la deuda política como se ha establecido en las resoluciones de seguimiento. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que reflexione sobre la actitud poco transparente y sospechosa que refleja al no querer revelar a sus donantes, pues están violentando el derecho de acceso de información de la ciudadanía y fomentando la corrupción.

PRESIDENTE DEL TSE: ¿AUTORIDAD ELECTORAL O ACTIVISTA POLITICO?

La semana pasada vimos, con ocasión de la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual marca el inicio del próximo proceso electoral 2018, que el presidente del TSE aprovechó la oportunidad para atacar injustificadamente a la Sala de lo Constitucional, en lugar de animar a la ciudadanía a confiar en la transparencia del proceso, por los enormes esfuerzos que se supone el organismo electoral estaría realizando para sacar adelante el evento electoral, a pesar de las grandes limitantes de recursos en su presupuesto.

Tampoco aprovechó para invitar a la ciudadanía a informarse, e integrarse en los organismos electorales temporales, en caso que los partidos políticos no cubran con la nómina de ciudadanos no afiliados partidarios que deben aportar.

Y mucho menos hizo un llamado a los partidos políticos a cumplir la sentencia 43-2013 de la Sala, quien recientemente, ante el incumplimiento de la misma por parte de los partidos, le indicó al TSE, abstenerse de entregarles cualquier suma de dinero en concepto de deuda política para las elecciones de 2018, si persiste la falta de revelación completa de sus donantes en los procesos de elección 2014 y 2015; resolución en la que también se dispuso al TSE, que debía valorar y decidir la inscripción o no para las próximas elecciones legislativas y municipales, de los candidatos de los partidos que no rindan cuenta de dicho financiamiento.

En su diatriba, les llamó “cuatro creativos” – sabemos a quienes se refiere- culpándoles de modificar el sistema electoral con sentencias, mostrando así su rechazo a la apertura democrática y deber de transparencia en el financiamiento de los partidos, que de las sentencias de la Sala ha emanado, y por ello tenemos ahora participación de candidatos no partidarios, voto por rostro y preferente, voto cruzado, etc., que aunque no negamos, ésto último complejiza más el proceso, hay sin duda maneras de resolverlo a través de tecnología, que se ha negado a aceptar.

Con esto, el Presidente Olivo parece olvidar, que no es la Sala, la que oficiosamente ha resuelto lo que a él tanto le molesta, sino que han sido ciudadanos que en el libre ejercicio de su derecho han acudido a la Sala, promoviendo demandas que derivaron en esas resoluciones, que han motivado parte de los cambios legislativos que ahora tenemos tanto en el proceso electoral como en regulación de los partidos políticos.

No es entonces, “un gobierno de los jueces” sino el legítimo derecho ciudadano a acceder a la justicia constitucional, la que ha obtenido justa respuesta por parte de jueces notables, lo que ha generado los cambios que ahora el presidente del TSE reprocha, llamando incluso morbo, al derecho a conocer resultados electorales ágiles el día de la elección.

Lo que pedimos es que el presidente del TSE cumpla con sus obligaciones, permita a los demás magistrados cumplir con las propias, y juntos se esfuercen por conseguir un presupuesto extraordinario para 2018, en el que sea posible evitar los problemas de 2015. Deben esforzarse por ofrecernos a los ciudadanos soluciones inteligentes, que garanticen cumplir la tarea encomendada, en un proceso en que se respete la voluntad popular. El presidente del TSE debe dejar de parecer un activista más ante el electorado.

TUVIMOS QUE DEMANDAR

El día viernes de la semana recién pasada, impugnamos por inconstitucionales los Decretos Legislativos 764/2017 y 765/2017, mediante los cuales la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas de la República (CCR.

Esta decisión la tomamos luego de revisar el Dictamen de la Comisión Política y percatarnos que la Asamblea volvió a incumplir sus obligaciones constitucionales. Para el caso, no puede saberse cuáles fueron los elementos que la llevaron al convencimiento de la moralidad y competencia notoria de los funcionarios electos, puesto que la Asamblea se limitó a hacer una etérea invocación de estos postulados, como si enunciarlos fuera sinónimo de verificarlos y de dejar constancia de tal verificación.

En cuanto a la independencia partidaria, ni el informe de la subcomisión creada al efecto, ni el dictamen de la Comisión Política, hacen alusión alguna a la manera en que pudieron comprobar que los vínculos partidarios no existían, o que, habiendo existido, no eran relevantes al momento de tomar la decisión.

Esto último adquiere sobrada importancia por lo que se conoció públicamente después de la decisión adoptada por la Asamblea, habiendo transcendido que al menos una de las magistradas electas, podría tener vínculos partidarios o podría haberlos tenido en el pasado reciente. El hecho de que la Asamblea (ni en el informe de la Subcomisión ni en el Dictamen de la Comisión) no tenga ningún pronunciamiento al respecto, ya sea descartando o el vínculo o, al menos, restándole importancia para el caso concreto, pone en evidencia que no se condujo un procedimiento acorde a lo esperado; que no se cumplieron con las obligaciones constitucionales.
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Tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional que a estas alturas ya está consolidada, concluimos que existe un vicio en todo el procedimiento de elección de los magistrados de la CCR, pues no existe absolutamente ningún tipo de explicación de cómo, la Comisión Política primero, y la Asamblea en pleno después, considera que las personas electas reúnen estándares más elevados de moralidad y competencia notoria que el resto de candidatos, ni cómo lograron evidenciar la desvinculación partidaria en los funcionarios electos, resultando en un vicio de trascendencia constitucional que afecta toda la elección.

En el caso específico de la elección de los magistrados de CCR, la moralidad y competencia notoria, así como la independencia político-partidaria, son requisitos cuyo cumplimiento debe ser estrictamente verificado por la Asamblea; se trata de una labor que entraña los más elevados estándares de diligencia y cuidado.

En nuestra demanda, no hacemos ningún tipo de alusión a las credenciales que puedan o no tener las personas que han resultado electas; no es ese el punto. Lo que nos parece inapropiado y además inconstitucional, es que la capacidad notoria de una persona se fundamente -únicamente – en el número de años que ha tenido en una institución, cuando no se conoce cuál ha sido su real desempeño durante ese tiempo; o por lo menos la Asamblea no parece haberlo investigado.

Y más inapropiado resulta el hecho de que esos mismos datos sirvan para tener por comprobada la moralidad notoria o hasta la requerida independencia partidaria.

Lo advertimos durante todo el proceso, pero no quedó mas remedio. Ahora tendrá que ser la Sala de lo Constitucional la que dictamine.

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