Seleccionar página

SIGUE APLICANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En enero de 2014, el expresidente Flores rindió declaraciones ante la Asamblea Legislativa en el contexto de investigaciones sobre el destino de donativos hechos por Taiwan. Ante eso, publicamos la columna titulada “Por la transparencia y probidad” y dijimos: “Pedimos al fiscal general que inicie y desarrolle las investigaciones correspondientes para determinar si la recepción de tales donaciones, la omisión de pagar tributos respecto a ellas o el destino de las mismas configuran algún ilícito. Tales investigaciones deben realizarse de manera objetiva y respetando las garantías fundamentales de los individuos involucrados”.

Se inició un proceso penal, pero no terminó con una sentencia, pues, en el curso del mismo falleció el expresidente. Era la primera vez que alguien que había ocupado un cargo de tan alto nivel, se sujetaba a un proceso penal. Eso supuso un avance importante en el funcionamiento de la institucionalidad y fortaleci-miento de la justicia.

El proceso tuvo algunos cuestionamientos, sobre todo porque fue evidente el ánimo de apoyarse en una exhibición mediática capaz de vulnerar la presunción de inocencia. El tratamiento mediático, cuando no es realizado con profesionalismo, lejos de fortalecer la justicia, puede provocar su debilitamiento.

Después conocimos del inicio de un proceso penal contra el expresidente Saca y otros funcionarios relacio-nados. En ese caso, aún en trámite, a los imputados se les acusa de cometer los delitos de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y otros. Una nueva prueba a la institucionalidad y la independencia judicial.

En 2016, supimos de un allanamiento en la residencia del expresidente Funes. El inicio de una investigación contra un tercer expresidente mandaba un mensaje contundente: la corrupción se investigaría y se enjuicia-ría sin importar su procedencia. Pero de nuevo, en las investigaciones iniciales se puso hincapié en la parte mediática; mientras se realizaba la diligencia, las redes sociales publicaban fotografías de los objetos reca-bados. Todos vimos los resultados de la diligencia antes que el juez. Eso facilitó que el expresidente evitara enfrentarse al proceso yéndose a Nicaragua y, meses después, obtuviera asilo político.

Hace unos días, supimos que la Fiscalía ordenó la captura del expresidente Funes y de varios sujetos cer-canos a este. La explicación de las investigaciones y hallazgos revelan un sofisticado entramado que, de comprobarse, implicarían el cometimiento de varias figuras delictivas, todas graves.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Ya inició un linchamiento mediático como el ocurrido con los expresidentes Flores y Saca.

Reconocemos que indigna, pero la justicia no debe ser venganza, espectáculo ni escarnio público. La justi-cia debe buscar la verdad, y eso pasa por castigar a los culpables, absolver a los inocentes, y resarcir a las víctimas.

Con total claridad manifestamos que apoyamos y reconocemos los esfuerzos realizados por la Fiscalía Ge-neral en el combate a la corrupción; es plausible lo que estamos viendo. Nuestro apoyo a su vez implica que le instemos a mantener una actitud firme en las investigaciones, rechazando y denunciando cualquier intento de interferencia política. Pedimos que los procesos a promover se hagan respetando el principio de presunción de inocencia, y manteniendo el carácter técnico de las investigaciones.

La valentía e independencia demostrada en esta gestión, deben acompañarse de una actitud responsable y respetuosa de la presunción de inocencia; en este y en cualquier caso.

TOMEN NOTA DE NUESTRO PROCESO DE SELECCIÓN

Como no es poca cosa lo que tenemos en juego, no es redundante insistir en la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, sobre todo ahora que estamos en la fase legislativa.

No queremos pecar de jactanciosos, pero quienes han seguido – porque todo ha sido público – nuestro riguroso proceso interno de selección de precandidatos, nuestras férreas luchas en FEDAES por incorporar filtros, nuestras exigencias para que el CNJ condujera un proceso transparente, y hasta nuestras acciones encaminadas a que el CNJ depurara precisamente mediante la exigencia constitucional de la independencia, a aquellos aspirantes que evidentemente no reunían tal requisito, sabrán que a pesar de que hemos querido dar el ejemplo, la tarea no ha sido fácil, y que en las votaciones de FEDAES hemos sido una minoría. Nos ha tocado remar contra corriente.

Por eso entendemos que incluso expertos extranjeros, hayan criticado el proceso entero de selección de candidatos a magistrados. Aún con la poca información que dicen haber tenido, han constatado lo que reiteradamente hemos venido diciendo: que hace falta una reestructuración del proceso; sobre todo en FEDAES, estableciendo un perfil previo de idoneidad que deben llenar los aspirantes, el cual solo encuentra contenido aplicando filtros que verifiquen moralidad notoria comprobable, alta cualificación y experiencia en la rama de derecho que demanda el cargo, independencia política, económica, gremial, etc.

Practicamos lo que predicamos. En nuestro caso, convocamos con suficiente antelación a los posibles aspirantes, quienes se sometieron a la evaluación de una comisión de notables colegas, que examinaron sus hojas de vida, privilegiando la excelencia académica, trayectoria profesional, antecedentes libres de toda tacha; sometiéndose a entrevistas que examinaron a profundidad sus conocimientos en el campo que les sería requerido, su pensamiento jurídico, vocación de servicio y compromiso con el Estado de Derecho, además de analizar toda situación de diversa índole que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad.

Además de eso, fueron examinados por nuestra membresía, y sometidos a conocimiento del público, sus postulaciones y hojas de vida, de modo que no se escaparan aun en dicha fase inicial, del escrutinio de cualquier persona que pudiera, con causas justificadas, haber impugnado una postulación. Después de eso, los candidatos fueron calificados concienzudamente, aplicando baremos que previamente habíamos definido.

De 11 candidatos iniciales, 5 fueron finalmente preseleccionados en Asamblea General, en la que nuestra membresía votó de manera secreta; y 4 resultaron finalmente como nuestros candidatos en las votaciones de FEDAES. Nosotros sí entendimos nuestra responsabilidad constitucional.

Sabemos que el proceso de selección llevado a cabo por el CNJ aunque en términos de filtros, proceso y publicidad, mejoró sustancialmente con respecto al pasado, a las entrevistas públicas hechas a los aspirantes, les falto precisión y dinamismo, mientras que la deliberación final no permitió conocer los criterios que terminaron prevaleciendo para elegir. Se ha mejorado, pero falta mucho por corregir.

El esfuerzo lo seguimos haciendo, y por eso es que para esta última etapa, no nos cansamos de pedir a la Asamblea que reforme su Reglamento Interior, y si no lo hace, que al menos elabore un instructivo que en alguna medida emule lo que nosotros ya hicimos; eso les ayudará a elegir mejor. Nosotros hicimos nuestra tarea; les toca ahora a los diputados. Nosotros, podemos colaborar.

CUATRO EXIGENCIAS, UNA PROPUESTA Y UN APOYO

Nos encontramos en la última etapa del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el eslabón más cuestionado.

Desde que hace casi tres años comenzamos a llamar la atención sobre la trascendencia de esta específica elección, fuimos críticos de lo ocurrido en el pasado y planteamos varias exigencias que en algún momento resumimos y que ahora reiteramos.

En primer lugar, necesitamos una elección sin reparto de cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo a los artículos 172 y 186 de la Constitución. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e impunidad. Esto pasa por desistir de la insana intención de promover candidatos con vínculos partidarios, lo cual resulta inadmisible desde cualquier punto de vista.

En segundo lugar, exigimos una elección sin retrasos. Ya hay muchos actores políticos y hasta diputados, que dan por sentado que al 15 de julio -fecha en que terminan su período los magistrados electos en 2009- la Asamblea no habrá culminado su proceso de elección. Lo peor del caso es que lo dicen sin ningún sonrojo como si tal retraso no tuviera consecuencia alguna. Los diputados incumplen su obligación constitucional cuando no eligen a tiempo y, en el contexto actual, el retraso adquiere singular gravedad toda vez que la ausencia de la jurisdicción constitucional pone en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la institucionalidad y la estabilidad política del país.

En tercer lugar, pedimos una elección sin traslados entre Salas. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como de todas formas ya se reconoció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, la cual desde luego es vinculante en el actuar legislativo.

Y en cuarto lugar, exigimos una elección sin secretismos. Esta elección en particular exige actuaciones legislativas que sean públicas en absolutamente todas sus etapas, documentadas y, por supuesto, debidamente motivadas. No podemos ni debemos seguir tolerando negociaciones oscuras, sobre todo porque propician que en casos como este, los candidatos asuman compromisos que desnaturalizan el rol que se espera de ellos y comprometen frontalmente su independencia.

Para cumplir con lo anterior, junto con otras instituciones hemos propuesto que se reforme el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Se trata de una propuesta que ya está en manos de los diputados y que solamente requiere de un poco de voluntad política para ser aprobada. Nadie que se jacte de querer un mejor proceso de elección, puede estar en desacuerdo con incorporar al mismo, mecanismos de transparencia, participación ciudadana, asesoría técnica, control y meritocracia. Eso es lo que se ha propuesto.

Por último, abiertamente hemos manifestado a todos los partidos políticos, nuestro genuino interés en darles el apoyo y la información que se requiera en esta elección. No es un mero interés gremial; es un interés patriótico el que nos mueve.

No basta con elegir a los mejores

El proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido intenso. Ahora estamos por iniciar la recta final ante la Asamblea Legislativa.

A esta etapa llegaron algunos candidatos impresentables, otros con excelentes credenciales y reconocida integridad. Algunas buenas opciones se quedaron en el camino.

Esta vez hubo una mayor exigencia ciudadana para que los distintos protagonistas —las asociaciones de abogados, FEDAES, y el CNJ— elijamos a los mejores candidatos. Y esa presión social no debe cesar en este último tramo.

Pero es insuficiente asumir que basta con tener abogados excelentes e íntegros en la Corte. Un gobierno de leyes y no de hombres, que exigía John Adams, supone no depositar la confianza sólo en la integridad o capacidad de los funcionarios. En la Corte y el tribunal constitucional, además de excelentes profesionales, necesitamos más y mejores controles. Y parte de ello pasa por revisar la legislación procesal constitucional.

En un reciente artículo el candidato a magistrado Aldo Cáder —propuesto por el CEJ— puso nuevamente en el debate la necesidad de reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales. Se refirió, en particular, al problema que supone a la seguridad jurídica la falta de orden en los tiempos y turnos para admitir las demandas en procesos constitucionales.

La renovación de la Sala de lo Constitucional debe acompañarse de reformas que incluyan mejores controles. De manera que la atención que en estas próximas semanas pondrá el congreso en la elección de magistrados debe aprovecharse para impulsar la discusión y aprobación de la nueva Ley Procesal Constitucional.

Debe evaluarse si es momento para sustituir el proceso escrito por uno que incluya audiencias. La jurisdicción civil y mercantil, hace unos años, y la jurisdicción contencioso adminsitrativo, hace unos meses, mutaron a sistemas mixtos. Incluyendo la oralidad han fortalecido la inmediación en la impartición de justicia.

Esto no sería nuevo para la Sala de lo Constitucional. Por las particularidades de ciertos casos, la Sala ha innovado incorporando audiencias en la prosecución de algunos casos. La experiencia ha sido satisfactoria.

Un problema que la discusión de una nueva legislación también debe abordar es la demora en resolver. Se trata de un problema histórico; y la Sala, aunque con avances significativos, todavía tiene deudas en esto.

En los procesos constitucionales deben fijarse plazos para emitir las resoluciones, y consecuencias en caso de incumplimiento. Ya en otras materias se disponen multas a los funcionarios que sobrepasan los plazos procesales. La jerarquía de la Sala no debería ser un obstáculo para aplicarle medidas similares.

La transparencia es un excelente control. De manera que la discusión de una nueva Ley Procesal Constitucional también puede ser oportuna. Una reforma legislativa podría prever que las sesiones y deliberaciones del tribunal para tomar sus decisiones se registren en medios audiovisuales. Si bien tales grabaciones no podrían hacerse públicas antes de la emisión de las sentencias, una vez notificadas, los ciudadanos deberían tener pleno acceso a ellas. Así podrían constatar si las razones que fundamentan las decisiones de la Sala de lo Constitucional, coinciden con las que formalmente aparecen escritas en las sentencias.

Necesitamos que la Asamblea elija a los mejores, y esta tiene buenas opciones a su disposición, pero complementariamente debe mejorar los controles al poder; esta es una opción.

NO PEDIMOS ASEPSIA IDEOLÓGICA. NO ENGAÑEN.

El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en marcha. Desde hace varios años, el CEJ se ha dado a la tarea de exigir a los distintos actores involucrados que se elijan a los mejores perfiles como candidatos a magistrados. El reto ha sido grande y lo hemos asumido con toda seriedad.

Contrario a lo que algunos insinúan, en nuestro afán en ningún momento hemos desprestigiado o deslegitimado el proceso realizado ante las distintas instancias, sino que, con responsabilidad, hemos hecho las observaciones y críticas correspondientes, a fin de que la elección se realice dentro del marco de la Constitución y la ley.

A toda la población salvadoreña le interesa la conformación de la nueva Sala de lo Constitucional, y es por eso que, junto con muchas otras instituciones, hemos señalado la imperante necesidad de independencia de partidos políticos de los candidatos a magistrados; pero no hay que confundir independencia partidaria de asepsia ideológica. Estamos conscientes que cada persona puede tener su propia preferencia en el espectro ideológico y ubicarse –en el esquema tradicional– en la derecha, izquierda o centro.

El punto no es que si los candidatos se ubican ideológicamente de un lado u otro; están en todo su derecho. Lo que hemos sostenido con firmeza, es que estos no pueden estar ligados formal o materialmente a grupos de poder como los partidos políticos; la función de control que estarían llamados a ejercer dentro de la Sala de lo Constitucional podría entrar en conflicto casi de manera permanente al verse involucrado uno de estos institutos políticos. Rechazamos que personas con vínculos orgánicos o materiales con partidos de derecha o de izquierda o calificados como de centro, sean propuestos a la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados.

Hay algo que tiene varios años en la palestra pública y que a muchos les cuesta entender: los derechos políticos de una persona no son absolutos y, por tanto, el establecimiento de filtros o requisitos –como la desvinculación formal y material de partidos políticos– no violan ningún derecho de las personas. Dicha exigencia responde a la necesidad de independencia político partidaria de las instituciones públicas y sobre todo de los organismos de control del poder político como la Sala de lo Constitucional.

Nadie puede apropiarse de la Sala de lo Constitucional. A dicha institución únicamente deben llegar personas que demuestren tres cosas fundamentales: las suficientes credenciales que reflejen la integridad y honradez de la persona; el conocimiento profundo y suficiente en materia constitucional, atendiendo al trabajo que llegarán a realizar a esa Sala; y la independencia de partidos políticos, pues la sujeción que todas las instituciones han sufrido en el pasado, producto del reparto partidario, es lo que no nos han permitido avanzar en la consolidación del Estado de Derecho.

El gremio de abogados y la ciudadanía en general tiene el deber de involucrarse en el proceso de elección que ahora se encuentra en una etapa trascendental; no podemos permitirnos un retroceso por el cual el reparto partidario impere en la elección de la Sala de lo Constitucional; necesitamos que se elijan personas probas y que respondan únicamente a la Constitución. Se encuentra en juego el fortalecimiento de las instituciones que se ha impulsado desde la jurisprudencia constitucional.

MAGISTRADOS INDEPENDIENTES. ¿ES MUCHO PEDIR?

El día 4 de abril, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inició la verificación de los expedientes enviados por FEDAES, de los 15 candidatos que resultaron electos por los abogados el pasado 10 de marzo.

Fue en ese contexto que nos tomó por sorpresa la información que apareció en algunos medios, en la que se dejaba entrever que hay 8 expedientes incompletos de 8 de los candidatos. Por esas extrañas coincidencias, resulta que solamente los 7 candidatos de UNAJUD-ABODEL-AAO, aparecen con sus expedientes completos.

Al momento de redactar esta columna, en FEDAES no se había recibido notificación oficial del CNJ al respecto. No queremos pecar de exceso de desconfianza, pero es verdaderamente insólito lo sucedido. Algo no cuadra y es muy extraño, siendo imperativo determinar qué es lo que ha ocurrido con los expedientes.

De ser cierto lo que se ha conocido por los medios, el CNJ deberá prevenir a FEDAES para que se complete la documentación aparentemente faltante, sin perjuicio de que – insistimos – hay que aclarar lo acontecido. Y es que en verdad resulta absurdo, ya que en nuestro caso por ejemplo, fuimos la única asociación que incluso compartió públicamente las hojas de vida de sus candidatos, siendo precisamente ese, uno de los documentos que supuestamente falta en algunos de los expedientes.

En su oportunidad, cumplimos formalmente y en tiempo con todo lo requerido por FEDAES; tenemos constancia de ello. Somos parte de FEDAES y hemos sufrido las consecuencias de tener que votar en minoría en varias de las trascendentales decisiones que ahí se han adoptado. Por eso somos más exigente y por eso es que la información que hemos conocido a través de los medios, nos lleva a especular que irregularidades existieron o en FEDAES o en el CNJ o en ambas instituciones. Aún no lo podemos afirmar, pero esperamos hacerlo pronto.

Y es que el yerro o irresponsabilidad o abuso, conlleva de manera irremediable a la sospecha de un acto mal intencionado, cuando solo los candidatos de la asociación que más cuestionó los filtros en el proceso, parecen estar completos; y sin olvidar que entre sus candidatos, hay 4 que en apego a la jurisprudencia, la Constitución y la ley, no debieron ni haberse postulado, por su ostensible falta de independencia partidaria.

Estamos entonces a la espera de la comunicación oficial del CNJ por lo que a partir de la misma esperamos poder aclarar un poco más lo ocurrido. No nos preocupa que nos pidan documentos que ya antes presentamos; si es necesario los entregaremos nuevamente, aunque ello no nos impida pedir a la autoridades correspondientes, que se inicien las investigaciones de lo acontecido.

Esto nos ha logrado distraer, pero aún seguimos expectantes de la actuación del CNJ en torno a su deber de aplicar los filtros constitucionales a los candidatos faltos de independencia. Nadie puede desconocer que es un principio rector elemental la independencia de quienes pueden llegar a convertirse en magistrados, conforme lo exige el art.172 de la Constitución.

¿Van a cumplir con su misión y harán su trabajo? Está en sus manos enviar una lista completa de 30 candidatos capaces, honorables e independientes. El país merece una Sala de lo constitucional cuyos miembros garanticen esos valores ¿Es eso mucho pedir?

DIPUTADOS, REFORMEN EL REGLAMENTO INTERIOR

Tenemos casi quince años de venir insistiendo en señalar que los diputados no se han comprometido con desarrollar procesos de elección de funcionarios en los que de manera sistemática se busque premiar el mérito, eligiendo profesionales que cumplan con los perfiles necesarios para los cargos y en los que pueda comprobarse la moralidad, la competencia y la independencia que se requiere para ejercerlos.

Es hora de entender que ya no pueden seguir difiriendo aprobar reformas estructurales al procedimiento de elección de funcionarios; y que la propuesta presentada por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, del cual orgullosamente somos parte, no solo recoge y aglutina esfuerzos pasados encaminados en ese sentido, sino que también incorpora exigencias jurisprudenciales y estándares internacionales que no pueden seguir siendo ignorados.

La propuesta establece un procedimiento que se compone de varias etapas, destacando entre ellas las siguientes: a) convocatoria; b) acreditación de requisitos materiales; c) acreditación de aspectos cualitativos; d) participación ciudadana; e) desarrollo de entrevistas; f) verificación del perfil del candidato y ponderación; g) asistencia técnica; h) debates; i) elaboración y entrega de dictamen; y j) votación nominal y pública.

Una de las novedades de la propuesta es que desde que se hace la convocatoria, se intenta dejar claro que no es cualquier persona la que puede participar, pues junto con la convocatoria se debe publicar el perfil para cada cargo y la tabla de evaluación que se utilizará en el proceso. No es lo mismo el perfil de un magistrado de Corte de Cuentas, que el del presidente del Tribunal de Ética o el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Fiscal General. Esto implica, desde luego, que la Asamblea elabore esos perfiles de conformidad al cargo que corresponda.

En relación a la documentación acreditativa, lo que se sugiere es no limitarse a los documentos tradicionales, sino también requerir aquellos que comprueben fortalezas específicas para ejercer el cargo al que se postula, docencia universitaria o a nivel de estudios superiores en entes reconocidos, enunciado de sentencias, pronunciamientos, artículos académicos publicados, obras académicas, etc.

La participación ciudadana es fundamental. Por eso se propone que las universidades, centros de pensamiento, gremiales profesionales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, puedan hacer llegar a la Asamblea sugerencias de preguntas o temas de interés que estimen deban ser discutidos por los candidatos; y que puedan formular rechazos fundados de aspirantes o proveer información sobre la existencia de impedimentos, conflictos de interés comprobables que inhiban el ejercicio del cargo.

Las entrevistas deben ser de verdad. No solo deben ser completamente públicas sino, además, deben servir para evaluar el desenvolvimiento de los candidatos, con preguntas que permitan reflejar los aspectos cualitativos del postulante, como su nivel de conocimiento y experiencia sobre temas relacionados con el cargo, así como su corriente del pensamiento jurídico. Para esto, la Comisión Política podría buscar auxilio fuera del recinto legislativo.

Por último, aplicando la tabla de ponderación previamente definida, la Asamblea debe conducir debates totalmente públicos en los que, buscando consensos, pueda elegir a los funcionarios que más se acercan al perfil requerido, explicando y fundamentando su decisión.

Lo que estamos pidiendo no tiene nada de extraordinario. Solo les pedimos que cumplan bien con su obligación constitucional.

LO SABÍAMOS, PERO ESTO APENAS COMIENZA

Este sábado pasado tuvo lugar la elección que organizó la FEDAES, por parte de las asociaciones representativas de abogados, y tal como lo expresamos hace una semana, estábamos seguros que íbamos a ganar. Y como ya es sabido 4 de nuestros 5 candidatos resultaron entre los 15 más votados, formando parte ya de la primera lista parcial que se completará con la que formará el Consejo Nacional de la Judicatura.

No adoptamos una posición triunfalista. Sabemos que éste es solo el primer paso dentro de un proceso que debe culminar sin retrasos, pues el 15 de julio a más tardar, la Asamblea Legislativa tiene como límite constitucional el plazo para elegir a los nuevos magistrados, 4 que integraran la Sala de lo constitucional, y 1 para la vacante en la Sala de lo Civil. Nuestros candidatos garantizan independencia, moralidad y competencia notoria, vocación de servicio y compromiso con el Estado de Derecho. Han pasado filtros que hasta este día, nadie antes ha superado.

Y son precisamente los filtros, un requisito incuestionable dentro del proceso. Tales filtros no son un capricho nuestro. Estos filtros son exigibles como la consecuencia legal de aplicar directamente la constitución, sin tener que acudir a sesudas interpretaciones, pues el art. 172 exige la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y el art.177 señala los requisitos de moralidad y competencia notoria, a los cuales hay que darles contenido.

Se llega a la idoneidad, no solo por presentar hojas de vida, atestados que comprueban solvencias de cuentas pendientes, infracciones o condenas, ni con tibias entrevistas que no escudriñan nada. Ser idóneo para ocupar la más alta magistratura judicial requiere ahondar en el conocimiento de la visión de justicia o corriente jurídica del candidato; la profundidad en el manejo de los temas asociados con las materias que deberá decidir y el análisis riguroso de su trayectoria profesional, con evidencias de sus resultados.

La idoneidad que dichos cargos requieren, implica medir incluso el temperamento o personalidad del aspirante, realizándole evaluaciones psicológicas y socio laborales, que permitan conocer el desenvolvimiento de la vida privada del candidato, conociendo con ello sus antecedentes personales, sociales y de intereses; realizando entrevistas serias y técnicas, permitiendo que sean públicas, facilitando con ello la participación ciudadana, entre otros componentes de un verdadero esquema de filtros. Todo ello nos ayuda también a revelar la independencia del candidato, la cual aún algunos minimizan como si de un capricho superable se tratara.

Lastimosamente, FEDAES, rechazó incorporar los primeros filtros que se intentó introducir. Es ahora el turno del CNJ, para que nos demuestre que está dispuesto a aplicar el manual de selección, que incorpora muy buenos filtros y baremos de ponderación. Ojalá que se cumplan estrictamente,
y que inicialmente lo apliquen a aquellos ahora candidatos por FEDAES que jamás debieron serlo. Todos sabemos quiénes son.

Esperamos entonces que el CNJ cumpla su tarea en la selección de los otros 15 candidatos, privilegiando la idoneidad completa, para lograr enviarle a la Asamblea Legislativa, la lista completa con los mejores 30 candidatos posibles. Luego vendrá esa otra fase del proceso; de eso escribiremos más adelante, Por el momento nos limitamos a señalar que hemos cumplido con nuestro compromiso y que lo seguiremos haciendo: estamos comprometidos con la independencia judicial.

COLEGAS: CON SU APOYO VAMOS A GANAR

El próximo sábado 10 de marzo se realizarán las elecciones en que el gremio de abogados elegiremos a 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No necesitamos insistir en destacar lo que está en juego con estas elecciones; sabemos que a estas alturas ya está más que entendido.

También han quedado manifiestas las intenciones de quienes, sin pudor alguno, promueven que a la Corte Suprema de Justicia lleguen personas con innegables vínculos político partidarios, atacando con ello uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, reflejado en la exigencia contenida en el art. 172 de nuestra Constitución que dice que los jueces y magistrados deben ser independientes. Con todo y eso, estamos convencidos que vamos a ganar.

Vamos a ganar porque sabemos que no estamos solos en este esfuerzo; reconocemos que la mayoría del gremio y de ciudadanos, quieren y exigen que, a las más altas magistraturas, lleguen profesionales probos, competentes, con pleno reconocimiento de sus pares y con absoluta independencia de intereses político partidarios.

Vamos a ganar porque no hemos sucumbido en nuestro empeño, a pesar de los calumniosos ataques y oprobiosos señalamientos de los que hemos sido víctima. Hemos mantenido nuestro discurso, nuestro argumento, nuestro debate de altura y nuestro posicionamiento jurídico, a pesar de que otras dizque asociaciones de abogados, no hacen sino lanzar epítetos y descalificaciones que solamente reflejan la pobreza de argumentos y la inexistente calidad de sus miembros.

Vamos a ganar porque la verdadera dignificación de nuestro gremio, pasa por entender la magnitud de la responsabilidad constitucional que se nos ha encomendado, y porque es en ese afán que con total observancia a nuestro ordenamiento y a nuestras instituciones, vamos a luchar hasta el final; ya se los dijimos pero se los repetimos cuantas veces sea necesario: no lograrán amedrentarnos.

Vamos a ganar porque la razón y el derecho está de nuestro lado, porque hemos sido consecuentes con nuestras propias exigencias y porque no hemos cedido a las presiones a las que nos hemos visto sometidos.

Vamos a ganar porque nosotros sí estamos haciendo nuestra tarea, conduciendo un proceso de selección de aspirantes que desde el inicio fue transparente, democrático, participativo, encaminado directa y reflexivamente a identificar con mucho rigor, a profesionales que sí merecen ocupar un cargo en los más altos niveles de la administración de justicia.

Vamos a ganar porque nuestros cinco candidatos, los abogados Aldo Cáder, Ivette Cardona, Marcelo Barrios, José Luis Lovo Castelar y Marina Marenco de Torrente, son profesionales del derecho que de manera valiente, decidida y patriótica, se sometieron voluntariamente al rigor de nuestro escrutinio. Son abogados que no solamente cumplen con creces los requisitos constitucionales, sino que también están empeñados en mantener la independencia judicial por la que hemos venido abogando; su trayectoria profesional es la mejor prueba de ello.

Vamos a ganar porque nuestros candidatos representan y reflejan fielmente nuestro ideario, comulgando sin ambages con el objetivo que por casi 60 años hemos tenido: velar por el imperio del derecho.

Colega: vamos a ganar si contamos con tu apoyo este próximo 10 de marzo. Desde las 8:00 A.M. podrás llegar a votar y apoyar a nuestros candidatos, uniéndote así a la lucha por mantener incólume nuestra institucionalidad y el Estado de Derecho.

PROFESIONALICEMOS EL SERVICIO PÚBLICO

El Estado necesita profesionalizar el servicio público; eso es una realidad irrefutable. Durante años, las instituciones estatales se han utilizado para pagar favores políticos, albergar a simpatizantes partidarios con un salario atractivo o recibir con brazos abiertos a familiares y amigos de los jefes de turno. Estas prácticas profundizan aún más las serias deficiencias de las que adolecen estas instituciones, pues en un puesto público no está quien realizaría el mejor trabajo, sino quien tuvo la suerte de caer en la silla.

Esto es precisamente lo que la Ley de la Función pública pretende regular. La semana pasada el CEJ suscribió la creación del denominado Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, con la firme convicción que El Salvador necesita una pronta y completa reforma en esta materia; con esta ley se busca la profesionalización del servicio público, que las personas que trabajan para el Estado encuentren debidamente capacitados, para que eso se traduzca en una buena administración y en servicios de calidad para la ciudadanía.

Además, dicha ley ayudaría a centralizar la diversidad de normativa laboral que rige a los servidores públicos, unificando conceptos, derechos, deberes y prohibiciones, régimen laboral, tipo de personal, garantías de la carrera administrativa, regulación de sindicatos, entre otras cuestiones, que brindarían claridad ante la multiplicidad de normas ahora existentes. Existiría un único procedimiento sancionatorio, lo cual brindaría seguridad jurídica tanto a trabajadores como a la misma administración pública.

La finalidad de este esfuerzo al que el CEJ se adscribe con entusiasmo y convicción, es que se discuta y apruebe por la Asamblea Legislativa una ley en la que se establezca una carrera administrativa que premie el mérito y la honradez, que tenga a los mejores perfiles trabajando para el Estado, incluyendo buenas prácticas como los concursos públicos de ingreso y la evaluación de desempeño; con este tipo de regulación se cierran las puertas a prácticas como el clientelismo y el nepotismo.

A fin de iniciar un proceso en que esta ley sea ampliamente discutida por diversos sectores, como parte del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, solicitamos a los partidos políticos que se sumen al presente esfuerzo, iniciando una discusión transparente y completa sobre el proyecto de ley que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Nos agrada haber tenido eco en la mayoría de partidos políticos y en los candidatos no partidarios que participarán en el próximo evento electoral, y no nos desanima el hecho de no haber tenido respuesta de partidos importantes como FMLN y GANA.

En el Equipo Impulsor, proponemos la creación de una comisión ad hoc que se encargue de analizar de manera minuciosa esta ley, involucre a la sociedad civil y la presente al pleno para su aprobación en el menor tiempo posible.

Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que se sume a este llamado y esfuerzo de la sociedad civil. Modernizar el servicio público no solo traerá una mejora en la calidad de los servicios prestados por el Estado, sino que también representará una disminución en la planilla estatal, el gasto que este representa y, por ende, se traducirá en un alivio al Presupuesto General de la Nación.

Partidos políticos, diputados, no retrasen más el ajuste de esta deuda que tienen con El Salvador.

Twitter