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MAGISTRADOS INDEPENDIENTES. ¿ES MUCHO PEDIR?

El día 4 de abril, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inició la verificación de los expedientes enviados por FEDAES, de los 15 candidatos que resultaron electos por los abogados el pasado 10 de marzo.

Fue en ese contexto que nos tomó por sorpresa la información que apareció en algunos medios, en la que se dejaba entrever que hay 8 expedientes incompletos de 8 de los candidatos. Por esas extrañas coincidencias, resulta que solamente los 7 candidatos de UNAJUD-ABODEL-AAO, aparecen con sus expedientes completos.

Al momento de redactar esta columna, en FEDAES no se había recibido notificación oficial del CNJ al respecto. No queremos pecar de exceso de desconfianza, pero es verdaderamente insólito lo sucedido. Algo no cuadra y es muy extraño, siendo imperativo determinar qué es lo que ha ocurrido con los expedientes.

De ser cierto lo que se ha conocido por los medios, el CNJ deberá prevenir a FEDAES para que se complete la documentación aparentemente faltante, sin perjuicio de que – insistimos – hay que aclarar lo acontecido. Y es que en verdad resulta absurdo, ya que en nuestro caso por ejemplo, fuimos la única asociación que incluso compartió públicamente las hojas de vida de sus candidatos, siendo precisamente ese, uno de los documentos que supuestamente falta en algunos de los expedientes.

En su oportunidad, cumplimos formalmente y en tiempo con todo lo requerido por FEDAES; tenemos constancia de ello. Somos parte de FEDAES y hemos sufrido las consecuencias de tener que votar en minoría en varias de las trascendentales decisiones que ahí se han adoptado. Por eso somos más exigente y por eso es que la información que hemos conocido a través de los medios, nos lleva a especular que irregularidades existieron o en FEDAES o en el CNJ o en ambas instituciones. Aún no lo podemos afirmar, pero esperamos hacerlo pronto.

Y es que el yerro o irresponsabilidad o abuso, conlleva de manera irremediable a la sospecha de un acto mal intencionado, cuando solo los candidatos de la asociación que más cuestionó los filtros en el proceso, parecen estar completos; y sin olvidar que entre sus candidatos, hay 4 que en apego a la jurisprudencia, la Constitución y la ley, no debieron ni haberse postulado, por su ostensible falta de independencia partidaria.

Estamos entonces a la espera de la comunicación oficial del CNJ por lo que a partir de la misma esperamos poder aclarar un poco más lo ocurrido. No nos preocupa que nos pidan documentos que ya antes presentamos; si es necesario los entregaremos nuevamente, aunque ello no nos impida pedir a la autoridades correspondientes, que se inicien las investigaciones de lo acontecido.

Esto nos ha logrado distraer, pero aún seguimos expectantes de la actuación del CNJ en torno a su deber de aplicar los filtros constitucionales a los candidatos faltos de independencia. Nadie puede desconocer que es un principio rector elemental la independencia de quienes pueden llegar a convertirse en magistrados, conforme lo exige el art.172 de la Constitución.

¿Van a cumplir con su misión y harán su trabajo? Está en sus manos enviar una lista completa de 30 candidatos capaces, honorables e independientes. El país merece una Sala de lo constitucional cuyos miembros garanticen esos valores ¿Es eso mucho pedir?

DIPUTADOS, REFORMEN EL REGLAMENTO INTERIOR

Tenemos casi quince años de venir insistiendo en señalar que los diputados no se han comprometido con desarrollar procesos de elección de funcionarios en los que de manera sistemática se busque premiar el mérito, eligiendo profesionales que cumplan con los perfiles necesarios para los cargos y en los que pueda comprobarse la moralidad, la competencia y la independencia que se requiere para ejercerlos.

Es hora de entender que ya no pueden seguir difiriendo aprobar reformas estructurales al procedimiento de elección de funcionarios; y que la propuesta presentada por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, del cual orgullosamente somos parte, no solo recoge y aglutina esfuerzos pasados encaminados en ese sentido, sino que también incorpora exigencias jurisprudenciales y estándares internacionales que no pueden seguir siendo ignorados.

La propuesta establece un procedimiento que se compone de varias etapas, destacando entre ellas las siguientes: a) convocatoria; b) acreditación de requisitos materiales; c) acreditación de aspectos cualitativos; d) participación ciudadana; e) desarrollo de entrevistas; f) verificación del perfil del candidato y ponderación; g) asistencia técnica; h) debates; i) elaboración y entrega de dictamen; y j) votación nominal y pública.

Una de las novedades de la propuesta es que desde que se hace la convocatoria, se intenta dejar claro que no es cualquier persona la que puede participar, pues junto con la convocatoria se debe publicar el perfil para cada cargo y la tabla de evaluación que se utilizará en el proceso. No es lo mismo el perfil de un magistrado de Corte de Cuentas, que el del presidente del Tribunal de Ética o el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Fiscal General. Esto implica, desde luego, que la Asamblea elabore esos perfiles de conformidad al cargo que corresponda.

En relación a la documentación acreditativa, lo que se sugiere es no limitarse a los documentos tradicionales, sino también requerir aquellos que comprueben fortalezas específicas para ejercer el cargo al que se postula, docencia universitaria o a nivel de estudios superiores en entes reconocidos, enunciado de sentencias, pronunciamientos, artículos académicos publicados, obras académicas, etc.

La participación ciudadana es fundamental. Por eso se propone que las universidades, centros de pensamiento, gremiales profesionales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, puedan hacer llegar a la Asamblea sugerencias de preguntas o temas de interés que estimen deban ser discutidos por los candidatos; y que puedan formular rechazos fundados de aspirantes o proveer información sobre la existencia de impedimentos, conflictos de interés comprobables que inhiban el ejercicio del cargo.

Las entrevistas deben ser de verdad. No solo deben ser completamente públicas sino, además, deben servir para evaluar el desenvolvimiento de los candidatos, con preguntas que permitan reflejar los aspectos cualitativos del postulante, como su nivel de conocimiento y experiencia sobre temas relacionados con el cargo, así como su corriente del pensamiento jurídico. Para esto, la Comisión Política podría buscar auxilio fuera del recinto legislativo.

Por último, aplicando la tabla de ponderación previamente definida, la Asamblea debe conducir debates totalmente públicos en los que, buscando consensos, pueda elegir a los funcionarios que más se acercan al perfil requerido, explicando y fundamentando su decisión.

Lo que estamos pidiendo no tiene nada de extraordinario. Solo les pedimos que cumplan bien con su obligación constitucional.

LO SABÍAMOS, PERO ESTO APENAS COMIENZA

Este sábado pasado tuvo lugar la elección que organizó la FEDAES, por parte de las asociaciones representativas de abogados, y tal como lo expresamos hace una semana, estábamos seguros que íbamos a ganar. Y como ya es sabido 4 de nuestros 5 candidatos resultaron entre los 15 más votados, formando parte ya de la primera lista parcial que se completará con la que formará el Consejo Nacional de la Judicatura.

No adoptamos una posición triunfalista. Sabemos que éste es solo el primer paso dentro de un proceso que debe culminar sin retrasos, pues el 15 de julio a más tardar, la Asamblea Legislativa tiene como límite constitucional el plazo para elegir a los nuevos magistrados, 4 que integraran la Sala de lo constitucional, y 1 para la vacante en la Sala de lo Civil. Nuestros candidatos garantizan independencia, moralidad y competencia notoria, vocación de servicio y compromiso con el Estado de Derecho. Han pasado filtros que hasta este día, nadie antes ha superado.

Y son precisamente los filtros, un requisito incuestionable dentro del proceso. Tales filtros no son un capricho nuestro. Estos filtros son exigibles como la consecuencia legal de aplicar directamente la constitución, sin tener que acudir a sesudas interpretaciones, pues el art. 172 exige la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y el art.177 señala los requisitos de moralidad y competencia notoria, a los cuales hay que darles contenido.

Se llega a la idoneidad, no solo por presentar hojas de vida, atestados que comprueban solvencias de cuentas pendientes, infracciones o condenas, ni con tibias entrevistas que no escudriñan nada. Ser idóneo para ocupar la más alta magistratura judicial requiere ahondar en el conocimiento de la visión de justicia o corriente jurídica del candidato; la profundidad en el manejo de los temas asociados con las materias que deberá decidir y el análisis riguroso de su trayectoria profesional, con evidencias de sus resultados.

La idoneidad que dichos cargos requieren, implica medir incluso el temperamento o personalidad del aspirante, realizándole evaluaciones psicológicas y socio laborales, que permitan conocer el desenvolvimiento de la vida privada del candidato, conociendo con ello sus antecedentes personales, sociales y de intereses; realizando entrevistas serias y técnicas, permitiendo que sean públicas, facilitando con ello la participación ciudadana, entre otros componentes de un verdadero esquema de filtros. Todo ello nos ayuda también a revelar la independencia del candidato, la cual aún algunos minimizan como si de un capricho superable se tratara.

Lastimosamente, FEDAES, rechazó incorporar los primeros filtros que se intentó introducir. Es ahora el turno del CNJ, para que nos demuestre que está dispuesto a aplicar el manual de selección, que incorpora muy buenos filtros y baremos de ponderación. Ojalá que se cumplan estrictamente,
y que inicialmente lo apliquen a aquellos ahora candidatos por FEDAES que jamás debieron serlo. Todos sabemos quiénes son.

Esperamos entonces que el CNJ cumpla su tarea en la selección de los otros 15 candidatos, privilegiando la idoneidad completa, para lograr enviarle a la Asamblea Legislativa, la lista completa con los mejores 30 candidatos posibles. Luego vendrá esa otra fase del proceso; de eso escribiremos más adelante, Por el momento nos limitamos a señalar que hemos cumplido con nuestro compromiso y que lo seguiremos haciendo: estamos comprometidos con la independencia judicial.

COLEGAS: CON SU APOYO VAMOS A GANAR

El próximo sábado 10 de marzo se realizarán las elecciones en que el gremio de abogados elegiremos a 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No necesitamos insistir en destacar lo que está en juego con estas elecciones; sabemos que a estas alturas ya está más que entendido.

También han quedado manifiestas las intenciones de quienes, sin pudor alguno, promueven que a la Corte Suprema de Justicia lleguen personas con innegables vínculos político partidarios, atacando con ello uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, reflejado en la exigencia contenida en el art. 172 de nuestra Constitución que dice que los jueces y magistrados deben ser independientes. Con todo y eso, estamos convencidos que vamos a ganar.

Vamos a ganar porque sabemos que no estamos solos en este esfuerzo; reconocemos que la mayoría del gremio y de ciudadanos, quieren y exigen que, a las más altas magistraturas, lleguen profesionales probos, competentes, con pleno reconocimiento de sus pares y con absoluta independencia de intereses político partidarios.

Vamos a ganar porque no hemos sucumbido en nuestro empeño, a pesar de los calumniosos ataques y oprobiosos señalamientos de los que hemos sido víctima. Hemos mantenido nuestro discurso, nuestro argumento, nuestro debate de altura y nuestro posicionamiento jurídico, a pesar de que otras dizque asociaciones de abogados, no hacen sino lanzar epítetos y descalificaciones que solamente reflejan la pobreza de argumentos y la inexistente calidad de sus miembros.

Vamos a ganar porque la verdadera dignificación de nuestro gremio, pasa por entender la magnitud de la responsabilidad constitucional que se nos ha encomendado, y porque es en ese afán que con total observancia a nuestro ordenamiento y a nuestras instituciones, vamos a luchar hasta el final; ya se los dijimos pero se los repetimos cuantas veces sea necesario: no lograrán amedrentarnos.

Vamos a ganar porque la razón y el derecho está de nuestro lado, porque hemos sido consecuentes con nuestras propias exigencias y porque no hemos cedido a las presiones a las que nos hemos visto sometidos.

Vamos a ganar porque nosotros sí estamos haciendo nuestra tarea, conduciendo un proceso de selección de aspirantes que desde el inicio fue transparente, democrático, participativo, encaminado directa y reflexivamente a identificar con mucho rigor, a profesionales que sí merecen ocupar un cargo en los más altos niveles de la administración de justicia.

Vamos a ganar porque nuestros cinco candidatos, los abogados Aldo Cáder, Ivette Cardona, Marcelo Barrios, José Luis Lovo Castelar y Marina Marenco de Torrente, son profesionales del derecho que de manera valiente, decidida y patriótica, se sometieron voluntariamente al rigor de nuestro escrutinio. Son abogados que no solamente cumplen con creces los requisitos constitucionales, sino que también están empeñados en mantener la independencia judicial por la que hemos venido abogando; su trayectoria profesional es la mejor prueba de ello.

Vamos a ganar porque nuestros candidatos representan y reflejan fielmente nuestro ideario, comulgando sin ambages con el objetivo que por casi 60 años hemos tenido: velar por el imperio del derecho.

Colega: vamos a ganar si contamos con tu apoyo este próximo 10 de marzo. Desde las 8:00 A.M. podrás llegar a votar y apoyar a nuestros candidatos, uniéndote así a la lucha por mantener incólume nuestra institucionalidad y el Estado de Derecho.

PROFESIONALICEMOS EL SERVICIO PÚBLICO

El Estado necesita profesionalizar el servicio público; eso es una realidad irrefutable. Durante años, las instituciones estatales se han utilizado para pagar favores políticos, albergar a simpatizantes partidarios con un salario atractivo o recibir con brazos abiertos a familiares y amigos de los jefes de turno. Estas prácticas profundizan aún más las serias deficiencias de las que adolecen estas instituciones, pues en un puesto público no está quien realizaría el mejor trabajo, sino quien tuvo la suerte de caer en la silla.

Esto es precisamente lo que la Ley de la Función pública pretende regular. La semana pasada el CEJ suscribió la creación del denominado Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, con la firme convicción que El Salvador necesita una pronta y completa reforma en esta materia; con esta ley se busca la profesionalización del servicio público, que las personas que trabajan para el Estado encuentren debidamente capacitados, para que eso se traduzca en una buena administración y en servicios de calidad para la ciudadanía.

Además, dicha ley ayudaría a centralizar la diversidad de normativa laboral que rige a los servidores públicos, unificando conceptos, derechos, deberes y prohibiciones, régimen laboral, tipo de personal, garantías de la carrera administrativa, regulación de sindicatos, entre otras cuestiones, que brindarían claridad ante la multiplicidad de normas ahora existentes. Existiría un único procedimiento sancionatorio, lo cual brindaría seguridad jurídica tanto a trabajadores como a la misma administración pública.

La finalidad de este esfuerzo al que el CEJ se adscribe con entusiasmo y convicción, es que se discuta y apruebe por la Asamblea Legislativa una ley en la que se establezca una carrera administrativa que premie el mérito y la honradez, que tenga a los mejores perfiles trabajando para el Estado, incluyendo buenas prácticas como los concursos públicos de ingreso y la evaluación de desempeño; con este tipo de regulación se cierran las puertas a prácticas como el clientelismo y el nepotismo.

A fin de iniciar un proceso en que esta ley sea ampliamente discutida por diversos sectores, como parte del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, solicitamos a los partidos políticos que se sumen al presente esfuerzo, iniciando una discusión transparente y completa sobre el proyecto de ley que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Nos agrada haber tenido eco en la mayoría de partidos políticos y en los candidatos no partidarios que participarán en el próximo evento electoral, y no nos desanima el hecho de no haber tenido respuesta de partidos importantes como FMLN y GANA.

En el Equipo Impulsor, proponemos la creación de una comisión ad hoc que se encargue de analizar de manera minuciosa esta ley, involucre a la sociedad civil y la presente al pleno para su aprobación en el menor tiempo posible.

Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que se sume a este llamado y esfuerzo de la sociedad civil. Modernizar el servicio público no solo traerá una mejora en la calidad de los servicios prestados por el Estado, sino que también representará una disminución en la planilla estatal, el gasto que este representa y, por ende, se traducirá en un alivio al Presupuesto General de la Nación.

Partidos políticos, diputados, no retrasen más el ajuste de esta deuda que tienen con El Salvador.

FEDAES PUEDE Y DEBE ESTABLECER FILTROS

El 17 de enero, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) aprobó por unanimidad el Reglamento Especial para la elección de magistrados que se celebrará el 10 de marzo de este año.

El Reglamento de FEDAES señala que el Comité Central Electoral procederá a verificar si las asociaciones postulantes y los precandidatos, cumplen con los requisitos necesarios para poder ser presentados a elección del gremio de abogados. De esa elección, resultarán 15 profesionales que integrarán la mitad del listado del cual, a su vez, la Asamblea Legislativa, deberá elegir a los magistrados de la Corte Suprema. Los otros 15 los elegirá el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

¿De dónde viene esta atribución a FEDAES? Primero, nuestra constitución dice que las entidades representativas de abogados deben elegir a 15 candidatos. Y después, la Ley atribuye tal responsabilidad directa y tajantemente a FEDAES. En efecto, es la Ley del CNJ la que en varias de sus disposiciones señala a FEDAES como la entidad responsable de organizar, administrar y supervisar el proceso de elección de magistrados; y es el Reglamento de la Ley del CNJ el que dice que tal atribución le corresponde, específicamente, a la Junta Directiva de FEDAES.

Dicho de otra manera, FEDAES encuentra plena habilitación en disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, en virtud de las cuales debe organizar, administrar y supervisar las elecciones de candidatos a magistrados que corresponden al gremio de abogados.

Ahora bien ¿cómo cumple FEDAES con este encargo que a su vez entraña una tremenda responsabilidad? Pues para tal propósito, FEDAES debe emitir la normativa correspondiente; y eso es justo lo que hace el Reglamento especial de elección.

Y ¿puede desconocer FEDAES las exigencias constitucionales y legales? o ¿puede ignorar FEDAES la jurisprudencia constitucional vinculante? Por supuesto que no.

Nos hacemos este cuestionamiento porque ya hay quiénes se han atrevido a poner en tela de duda la legitimidad con la que actúa FEDAES, y la atribución que constitucional y legalmente tiene para poner filtros que precisamente busquen cumplir con las exigencias constitucionales y legales, así como con los precedentes jurisprudenciales.

Hay quienes hasta han llegado al absurdo de invocar una supuesta transgresión al principio de igualdad, olvidando que la otra entidad proponente, es decir el CNJ, también está obligada a incorporar estos filtros en su elección. La igualdad se vulneraría si ante una entidad proponente se tienen que pasar ciertos filtros (CNJ), pero ante la otra entidad proponente (FEDAES) puede pasar casi cualquiera.

Ni el CNJ ni FEDAES pueden desconocer que los candidatos a magistrados que serán propuestos a la Asamblea deben serlo solo después de haberse comprobado su elevado nivel de experiencia profesional y académica, honorabilidad, cultura, méritos cívicos y otros similares, que garanticen una acertada candidatura; así lo exige expresamente la ley.

Y ni el CNJ ni FEDADES pueden desentenderse de lo reiterado en nuestra jurisprudencia constitucional, en la que se sostiene que el impedimento de estar afiliado a un partido político o tener algún vínculo material con éstos y aspirar simultáneamente al ejercicio de funciones jurisdiccionales, es una implicación necesaria del reconocimiento constitucional del principio de independencia judicial; no una restricción antojadiza.

El Reglamento Especial de Elección elaborado por FEDAES no solo puede contener filtros; en realidad debe contenerlos.

Seguiremos luchando por la independencia judicial

En las últimas semanas, el CEJ ha sido objeto de ataques infundados, que buscan desprestigiar a nuestra asociación, agremiados y al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se realizará en el presente año. La elección de cuatro de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional es tan relevante, que algunos sectores pretenden tomar el control o desprestigiarlo desde su inicio.

El día viernes 19 de enero, el CEJ asumió la presidencia del Comité Electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), el ente encargado de esta importante etapa del proceso electoral de magistrados, con el voto favorable y voluntario de seis de las ocho asociaciones que integran la FEDAES. Consideramos que dicho respaldo es gracias al trabajo que venimos realizando desde hace más de dos años, con vistas a un proceso de elección tan trascendental como es la conformación de la Sala de lo Constitucional. Con nuestro trabajo y aporte, pretendemos que los procesos de elección para la más alta magistratura de la CSJ, se realicen de manera objetiva y transparente, atendiendo a criterios en los que prevalezca la moralidad y competencia notoria de los aspirantes.

Nuestra asociación ha realizado aportes importantes en aras de solventar de manera adecuada el compromiso institucional de organizar y administrar el proceso de elección de magistrados que nuestra Constitución nos encomienda. Se han realizado propuestas públicas para mejorar los mecanismos de selección; se ha cuestionado públicamente a los miembros de la Asamblea Legislativa sobre el proceso que se sigue ante dicho Órgano del Estado; se han liderado iniciativas en favor de la imparcialidad de las instituciones y la transparencia, y sometimos a un riguroso proceso interno a nuestros miembros que optaron por postularse como candidatos.

De manera irresponsable y dolosa, la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) ha fabricado el supuesto hecho de que nuestra asociación ofreció a las otras entidades que integran la FEDAES, cantidades de dinero para asumir la presidencia del Comité Electoral. Ante esta situación, hemos rechazado enfáticamente estas acciones que pretenden desprestigiar al CEJ y a sus miembros, por lo que iniciaremos acciones judiciales encaminadas a preservar la integridad, el buen nombre y el prestigio de nuestra asociación, sus representantes y agremiados.

Este tipo de acciones solo nos confirman que vamos por buen camino en el trabajo realizado y que los procesos que se vienen en los próximos meses serán fundamentales, por lo que debemos seguir trabajando de manera firme. Los ataques no nos amedrentan. Como lo hemos hecho en los últimos meses, nos mantendremos trabajadores y vigilantes para que los procesos llevados a cabo ante la FEDAES y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se constituyan en verdaderos espacios en los que impere el mérito de cada profesional para optar al cargo y no se limiten a ser simples pasapapeles o espacios de negociaciones políticas.

Desde el CEJ nos mantenemos activos en los distintos espacios para garantizar que el proceso de elección de magistrados que se llevará a cabo ante la FEDAES, el CNJ y la Asamblea Legislativa, se realice de manera transparente y bajo las reglas establecidas en los reglamentos respectivos. Sépanlo y entiéndanlo: seguiremos luchando por la independencia judicial.

Responsabilidad gremial en elección de magistrados

En las reformas constitucionales de 1991 se modificó el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se estableció que la Asambleao elegiría a esos funcionarios de entre una lista de candidatos propuesta, por una parte, por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y por otra, de “los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador”.

En unas semanas se realizará la elección que organiza la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), y en la que únicamente participamos el gremio de abogados. Los quince candidatos que resulten más votados, conformarán la mitad de la lista de entre la cual se elegirán a cinco magistrados de la CSJ. La Constitución nos dio al gremio de abogados una oportunidad que no tiene el resto de sectores sociales; y eso nos impone una gran responsabilidad.

Por eso el CEJ inició desde hace más de seis meses, el proceso para escoger sus candidatos. Después de un proceso interno que incluyó una convocatoria pública, la exigencia de pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos para ser magistrado, entrevistas con cada uno de los postulantes, y un sistema de evaluación ponderado y objetivo, el pasado 16 de enero nuestra Asamblea General eligió por voto secreto a nuestros candidatos.

El CEJ propone a la comunidad jurídica, y a la sociedad, cinco profesionales que, más allá de cumplir con los mínimos requisitos constitucionales, tienen credenciales para desempeñar una magistratura con independencia, honradez y calidad técnica.

Nuestros candidatos son: Ivette Cardona, con especialidad en Derecho Constitucional y Protección al Consumidor; Aldo Cáder, especialista en Derecho Constitucional, Derecho de Competencia y Derecho Procesal; José Luis Lovo Castelar, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional; María Marenco de Torrento, especialista en Derecho de Familia; y Marcelo Barrios, con especialidad en Derecho Financiero y Bancario.

Desde la sociedad, y desde el CEJ, hemos cuestionado la forma en que la Asamblea elige a funcionarios. Hoy que se nos permite participar en ese proceso, debemos hacerlo con los estándares que exigimos a los diputados. Así lo hemos hecho en esta primera etapa, y esperamos que así lo haga todo el colectivo de abogados el día de las elecciones gremiales.

En las semanas previas a las elecciones gremiales, los colegas debemos exigir a todos los candidatos que nos expliquen a qué corriente del pensamiento jurídico pertenecen, cuáles son sus objetivos a cumplir en caso de llegar a la magistratura, y nos demuestren su calidad profesional. Debemos rechazar el proselitismo circense, y, en su lugar, dedicar estas semanas a organizar foros, debates y entrevistas académicas con los candidatos.

A pesar de que el CEJ está listo para participar en el proceso electoral gremial, sabemos que otras asociaciones aún no han terminado de elegir sus propuestas. Conscientes de que en un proceso abierto se incrementa las posibilidades de elegir a los mejores, vemos bien que se amplíe el plazo para que estas asociaciones puedan presentar sus propuestas ante FEDAES.

Confiamos que el resto de asociaciones también postularán a excelentes profesionales, de manera que el gremio podrá elegir a los mejores de entre los mejores. Y así, luego de ello, la Asamblea pueda nombrar a los magistrados de la CSJ que El Salvador merece.

Arrancamos con presupuesto y sin TPS

Hemos iniciado 2018, y es bueno que finalmente en la primera semana del año, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, se pusieron de acuerdo para aprobar el presupuesto general de la nación. Hay que hacer notar, sin embargo, que tuvieron más de 3 meses desde que a nuestras espaldas iniciaron las negociaciones y que lo aprobaron fuera del plazo previsto, sin ninguna consecuencia.

También valoramos la decisión de aquellos diputados que votaron en contra del dictado de su fracción, y bastante menos, la de aquellos que se abstuvieron. La pluralidad política implica no solo diversidad de partidos, ideologías y banderas, sino también divergencia de opiniones y puntos de vista al interior de un mismo partido. El disenso, cuando es genuino, fortalece; y eso es democracia interna. A los que se abstienen les decimos que no nos termina de convencer por qué se hacen al margen en un tema tan transcendental como el presupuesto. Salvo casos de conflictos de interés, lo correcto es votar en uno u otro sentido.

Por otra parte se nos ha dicho que el presupuesto cumple con la normativa presupuestaria y la jurisprudencia constitucional reciente, pero aunque nos digan que el presupuesto cumple con el principio de universalidad, al contemplar todos los gastos y todos los ingresos, y que está equilibrado porque matemáticamente las cifras cuadran, seguimos sin entender por qué rubros esenciales como salud, educación y seguridad, presentan recortes en comparación con las cifras del año anterior, en tanto son las áreas prioritarias del gasto social.

Tampoco entendemos por qué se continua asignando fondos a más de alguna ONG, sin criterios técnicos o de competencia por proyectos, dando lugar a que en medio de tal discrecionalidad, continúen las dudas en las razones de su asignación.

Se resiente también la secretividad que volvió a manifestarse, con reuniones exclusivas entre el gobierno y el principal partido de oposición, cuando los actores principales en este tema, son exclusivamente todos los partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, y sin miembros de las cúpulas, pues se trata de un acuerdo político de consensos legislativos. Pero por hoy, ya hay presupuesto, y en tanto no se demuestre lo contrario, parece estar completo, financiado y equilibrado. Eso es bueno por la predictibilidad económica, financiera y social que aporta.

También debemos referirnos al desenlace del TPS para nuestros compatriotas en los Estados Unidos, cuya finalización ha sido anunciada para el 9 de septiembre de 2019, plazo en el que quienes no hayan logrado regularizar su situación personal – salvo, esperamos, una ley del congreso que proteja a la comunidad beneficiaria entera- deberán retornar a nuestro país, que no presenta condiciones ni mínimas para su acogida.

Este tema no es para buscar culpables. Al contrario, es una oportunidad para que como país, nos enfoquemos por conseguir una salida permanente a nuestros migrantes en vilo, una salida que postergaron buscar 4 gobiernos salvadoreños; la que depende de otro gobierno soberano, que ha concedido alivio temporal por más de 16 años a nuestra esforzada y valiente comunidad.

Debemos saber gestionar, como país, en nombre de esa gente nuestra, que un día se sintieron desesperanzados, y que por diversas razones, prefirieron migrar a seguir aquí. Ya les fallamos una vez, no les fallemos de nuevo.

MENSAJE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Las elecciones para la Asamblea Legislativa, concejos municipales y presidenciales están a la vuelta de la esquina. El año 2018 nos recibirá con dos procesos electorales al hilo y es inevitable que aparezca el fantasma de lo que vivimos en las elecciones 2015. Al Tribunal Supremo Electoral se le salió de las manos el proceso y por eso surge la natural preocupación sobre lo que nos espera en 2018 y 2019. Esos vientos parece que estan volviendo a soplar con fuerza.

Los problemas en el año 2015 iniciaron antes del día de las elecciones. La adjudicación del sistema de transmisión a empresas de dudosa procedencia, la falta de capacitación en el conteo de votos de los miembros de las juntas receptoras de votos y la poca educación a la ciudadanía sobre las opciones de votación que teníamos, fueron solo el inicio de un proceso complicado y sumamente cuestionado. Todo empeoró el día de la votación y los días siguientes. Ese día revivió la preocupante práctica de buscar anular los votos de los adversarios por cuestiones efímeras, convirtiéndose en estrategia electoral para obtener un gane. Vivimos un conteo de votos confuso que duró más de setenta días y, además, en el recuento de votos por San Salvador “se recuperaron” más de veinte mil votos; es decir, se tomaron en cuenta todos esos votos que habían sido anulados indebidamente en el conteo inicial.

A tres meses de las elecciones para Asamblea Legislativa y consejos municipales, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral a que se tome en serio el rol de máxima autoridad electoral, supervisando activamente la ejecución del proceso antes, durante y después del día de las elecciones; es necesario que la empresa –por hoy una única oferente- a la que se adjudique la transmisión de datos goce de la suficiente credibilidad para que no se ponga en duda la legitimidad del proceso.

También es imperativo que el Tribunal Supremo Electoral deje de ser esa entidad pasiva que permite hacer a los partidos políticos lo que quieran, sin hacer respetar las leyes electorales ni los derechos de los votantes. Debe garantizarse que se respete la voluntad de la ciudadanía salvadoreña en la elección de sus representantes y que sea haga valer su voto.

El Tribunal debe poner sus barbas en remojo y aprender de los errores del pasado. Ya pasaron tres años desde la última elección bajo más misma reglas, por lo que repetir los mismos yerros resulta inadmisible, dudoso y cuestionable.

Por supuesto que como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte yendo a votar masivamente, incentivando a la ciudadanía al voto y siendo parte de las juntas receptoras de votos. Es necesario incrementar la participación para que estas elecciones sean representativas del sentir del pueblo, ya sea votando por cualquiera de los partidos competidores o por la opción de los candidatos no partidarios si estos logran postularse. Hay que recordar que la responsabilidad de los gobernantes que tenemos también es de aquellos que se abstienen de votar y dejan una decisión tan importante al voto duro de cada sector.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: no pongan en duda la legitimidad de nuestra democracia; como ciudadanos y miembros Centro de Estudios Jurídicos cumpliremos con nuestro deber y estaremos vigilantes.

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