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FEDAES PUEDE Y DEBE ESTABLECER FILTROS

El 17 de enero, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) aprobó por unanimidad el Reglamento Especial para la elección de magistrados que se celebrará el 10 de marzo de este año.

El Reglamento de FEDAES señala que el Comité Central Electoral procederá a verificar si las asociaciones postulantes y los precandidatos, cumplen con los requisitos necesarios para poder ser presentados a elección del gremio de abogados. De esa elección, resultarán 15 profesionales que integrarán la mitad del listado del cual, a su vez, la Asamblea Legislativa, deberá elegir a los magistrados de la Corte Suprema. Los otros 15 los elegirá el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

¿De dónde viene esta atribución a FEDAES? Primero, nuestra constitución dice que las entidades representativas de abogados deben elegir a 15 candidatos. Y después, la Ley atribuye tal responsabilidad directa y tajantemente a FEDAES. En efecto, es la Ley del CNJ la que en varias de sus disposiciones señala a FEDAES como la entidad responsable de organizar, administrar y supervisar el proceso de elección de magistrados; y es el Reglamento de la Ley del CNJ el que dice que tal atribución le corresponde, específicamente, a la Junta Directiva de FEDAES.

Dicho de otra manera, FEDAES encuentra plena habilitación en disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, en virtud de las cuales debe organizar, administrar y supervisar las elecciones de candidatos a magistrados que corresponden al gremio de abogados.

Ahora bien ¿cómo cumple FEDAES con este encargo que a su vez entraña una tremenda responsabilidad? Pues para tal propósito, FEDAES debe emitir la normativa correspondiente; y eso es justo lo que hace el Reglamento especial de elección.

Y ¿puede desconocer FEDAES las exigencias constitucionales y legales? o ¿puede ignorar FEDAES la jurisprudencia constitucional vinculante? Por supuesto que no.

Nos hacemos este cuestionamiento porque ya hay quiénes se han atrevido a poner en tela de duda la legitimidad con la que actúa FEDAES, y la atribución que constitucional y legalmente tiene para poner filtros que precisamente busquen cumplir con las exigencias constitucionales y legales, así como con los precedentes jurisprudenciales.

Hay quienes hasta han llegado al absurdo de invocar una supuesta transgresión al principio de igualdad, olvidando que la otra entidad proponente, es decir el CNJ, también está obligada a incorporar estos filtros en su elección. La igualdad se vulneraría si ante una entidad proponente se tienen que pasar ciertos filtros (CNJ), pero ante la otra entidad proponente (FEDAES) puede pasar casi cualquiera.

Ni el CNJ ni FEDAES pueden desconocer que los candidatos a magistrados que serán propuestos a la Asamblea deben serlo solo después de haberse comprobado su elevado nivel de experiencia profesional y académica, honorabilidad, cultura, méritos cívicos y otros similares, que garanticen una acertada candidatura; así lo exige expresamente la ley.

Y ni el CNJ ni FEDADES pueden desentenderse de lo reiterado en nuestra jurisprudencia constitucional, en la que se sostiene que el impedimento de estar afiliado a un partido político o tener algún vínculo material con éstos y aspirar simultáneamente al ejercicio de funciones jurisdiccionales, es una implicación necesaria del reconocimiento constitucional del principio de independencia judicial; no una restricción antojadiza.

El Reglamento Especial de Elección elaborado por FEDAES no solo puede contener filtros; en realidad debe contenerlos.

Seguiremos luchando por la independencia judicial

En las últimas semanas, el CEJ ha sido objeto de ataques infundados, que buscan desprestigiar a nuestra asociación, agremiados y al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se realizará en el presente año. La elección de cuatro de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional es tan relevante, que algunos sectores pretenden tomar el control o desprestigiarlo desde su inicio.

El día viernes 19 de enero, el CEJ asumió la presidencia del Comité Electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), el ente encargado de esta importante etapa del proceso electoral de magistrados, con el voto favorable y voluntario de seis de las ocho asociaciones que integran la FEDAES. Consideramos que dicho respaldo es gracias al trabajo que venimos realizando desde hace más de dos años, con vistas a un proceso de elección tan trascendental como es la conformación de la Sala de lo Constitucional. Con nuestro trabajo y aporte, pretendemos que los procesos de elección para la más alta magistratura de la CSJ, se realicen de manera objetiva y transparente, atendiendo a criterios en los que prevalezca la moralidad y competencia notoria de los aspirantes.

Nuestra asociación ha realizado aportes importantes en aras de solventar de manera adecuada el compromiso institucional de organizar y administrar el proceso de elección de magistrados que nuestra Constitución nos encomienda. Se han realizado propuestas públicas para mejorar los mecanismos de selección; se ha cuestionado públicamente a los miembros de la Asamblea Legislativa sobre el proceso que se sigue ante dicho Órgano del Estado; se han liderado iniciativas en favor de la imparcialidad de las instituciones y la transparencia, y sometimos a un riguroso proceso interno a nuestros miembros que optaron por postularse como candidatos.

De manera irresponsable y dolosa, la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) ha fabricado el supuesto hecho de que nuestra asociación ofreció a las otras entidades que integran la FEDAES, cantidades de dinero para asumir la presidencia del Comité Electoral. Ante esta situación, hemos rechazado enfáticamente estas acciones que pretenden desprestigiar al CEJ y a sus miembros, por lo que iniciaremos acciones judiciales encaminadas a preservar la integridad, el buen nombre y el prestigio de nuestra asociación, sus representantes y agremiados.

Este tipo de acciones solo nos confirman que vamos por buen camino en el trabajo realizado y que los procesos que se vienen en los próximos meses serán fundamentales, por lo que debemos seguir trabajando de manera firme. Los ataques no nos amedrentan. Como lo hemos hecho en los últimos meses, nos mantendremos trabajadores y vigilantes para que los procesos llevados a cabo ante la FEDAES y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se constituyan en verdaderos espacios en los que impere el mérito de cada profesional para optar al cargo y no se limiten a ser simples pasapapeles o espacios de negociaciones políticas.

Desde el CEJ nos mantenemos activos en los distintos espacios para garantizar que el proceso de elección de magistrados que se llevará a cabo ante la FEDAES, el CNJ y la Asamblea Legislativa, se realice de manera transparente y bajo las reglas establecidas en los reglamentos respectivos. Sépanlo y entiéndanlo: seguiremos luchando por la independencia judicial.

Responsabilidad gremial en elección de magistrados

En las reformas constitucionales de 1991 se modificó el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se estableció que la Asambleao elegiría a esos funcionarios de entre una lista de candidatos propuesta, por una parte, por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y por otra, de “los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador”.

En unas semanas se realizará la elección que organiza la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), y en la que únicamente participamos el gremio de abogados. Los quince candidatos que resulten más votados, conformarán la mitad de la lista de entre la cual se elegirán a cinco magistrados de la CSJ. La Constitución nos dio al gremio de abogados una oportunidad que no tiene el resto de sectores sociales; y eso nos impone una gran responsabilidad.

Por eso el CEJ inició desde hace más de seis meses, el proceso para escoger sus candidatos. Después de un proceso interno que incluyó una convocatoria pública, la exigencia de pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos para ser magistrado, entrevistas con cada uno de los postulantes, y un sistema de evaluación ponderado y objetivo, el pasado 16 de enero nuestra Asamblea General eligió por voto secreto a nuestros candidatos.

El CEJ propone a la comunidad jurídica, y a la sociedad, cinco profesionales que, más allá de cumplir con los mínimos requisitos constitucionales, tienen credenciales para desempeñar una magistratura con independencia, honradez y calidad técnica.

Nuestros candidatos son: Ivette Cardona, con especialidad en Derecho Constitucional y Protección al Consumidor; Aldo Cáder, especialista en Derecho Constitucional, Derecho de Competencia y Derecho Procesal; José Luis Lovo Castelar, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional; María Marenco de Torrento, especialista en Derecho de Familia; y Marcelo Barrios, con especialidad en Derecho Financiero y Bancario.

Desde la sociedad, y desde el CEJ, hemos cuestionado la forma en que la Asamblea elige a funcionarios. Hoy que se nos permite participar en ese proceso, debemos hacerlo con los estándares que exigimos a los diputados. Así lo hemos hecho en esta primera etapa, y esperamos que así lo haga todo el colectivo de abogados el día de las elecciones gremiales.

En las semanas previas a las elecciones gremiales, los colegas debemos exigir a todos los candidatos que nos expliquen a qué corriente del pensamiento jurídico pertenecen, cuáles son sus objetivos a cumplir en caso de llegar a la magistratura, y nos demuestren su calidad profesional. Debemos rechazar el proselitismo circense, y, en su lugar, dedicar estas semanas a organizar foros, debates y entrevistas académicas con los candidatos.

A pesar de que el CEJ está listo para participar en el proceso electoral gremial, sabemos que otras asociaciones aún no han terminado de elegir sus propuestas. Conscientes de que en un proceso abierto se incrementa las posibilidades de elegir a los mejores, vemos bien que se amplíe el plazo para que estas asociaciones puedan presentar sus propuestas ante FEDAES.

Confiamos que el resto de asociaciones también postularán a excelentes profesionales, de manera que el gremio podrá elegir a los mejores de entre los mejores. Y así, luego de ello, la Asamblea pueda nombrar a los magistrados de la CSJ que El Salvador merece.

Arrancamos con presupuesto y sin TPS

Hemos iniciado 2018, y es bueno que finalmente en la primera semana del año, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, se pusieron de acuerdo para aprobar el presupuesto general de la nación. Hay que hacer notar, sin embargo, que tuvieron más de 3 meses desde que a nuestras espaldas iniciaron las negociaciones y que lo aprobaron fuera del plazo previsto, sin ninguna consecuencia.

También valoramos la decisión de aquellos diputados que votaron en contra del dictado de su fracción, y bastante menos, la de aquellos que se abstuvieron. La pluralidad política implica no solo diversidad de partidos, ideologías y banderas, sino también divergencia de opiniones y puntos de vista al interior de un mismo partido. El disenso, cuando es genuino, fortalece; y eso es democracia interna. A los que se abstienen les decimos que no nos termina de convencer por qué se hacen al margen en un tema tan transcendental como el presupuesto. Salvo casos de conflictos de interés, lo correcto es votar en uno u otro sentido.

Por otra parte se nos ha dicho que el presupuesto cumple con la normativa presupuestaria y la jurisprudencia constitucional reciente, pero aunque nos digan que el presupuesto cumple con el principio de universalidad, al contemplar todos los gastos y todos los ingresos, y que está equilibrado porque matemáticamente las cifras cuadran, seguimos sin entender por qué rubros esenciales como salud, educación y seguridad, presentan recortes en comparación con las cifras del año anterior, en tanto son las áreas prioritarias del gasto social.

Tampoco entendemos por qué se continua asignando fondos a más de alguna ONG, sin criterios técnicos o de competencia por proyectos, dando lugar a que en medio de tal discrecionalidad, continúen las dudas en las razones de su asignación.

Se resiente también la secretividad que volvió a manifestarse, con reuniones exclusivas entre el gobierno y el principal partido de oposición, cuando los actores principales en este tema, son exclusivamente todos los partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, y sin miembros de las cúpulas, pues se trata de un acuerdo político de consensos legislativos. Pero por hoy, ya hay presupuesto, y en tanto no se demuestre lo contrario, parece estar completo, financiado y equilibrado. Eso es bueno por la predictibilidad económica, financiera y social que aporta.

También debemos referirnos al desenlace del TPS para nuestros compatriotas en los Estados Unidos, cuya finalización ha sido anunciada para el 9 de septiembre de 2019, plazo en el que quienes no hayan logrado regularizar su situación personal – salvo, esperamos, una ley del congreso que proteja a la comunidad beneficiaria entera- deberán retornar a nuestro país, que no presenta condiciones ni mínimas para su acogida.

Este tema no es para buscar culpables. Al contrario, es una oportunidad para que como país, nos enfoquemos por conseguir una salida permanente a nuestros migrantes en vilo, una salida que postergaron buscar 4 gobiernos salvadoreños; la que depende de otro gobierno soberano, que ha concedido alivio temporal por más de 16 años a nuestra esforzada y valiente comunidad.

Debemos saber gestionar, como país, en nombre de esa gente nuestra, que un día se sintieron desesperanzados, y que por diversas razones, prefirieron migrar a seguir aquí. Ya les fallamos una vez, no les fallemos de nuevo.

MENSAJE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Las elecciones para la Asamblea Legislativa, concejos municipales y presidenciales están a la vuelta de la esquina. El año 2018 nos recibirá con dos procesos electorales al hilo y es inevitable que aparezca el fantasma de lo que vivimos en las elecciones 2015. Al Tribunal Supremo Electoral se le salió de las manos el proceso y por eso surge la natural preocupación sobre lo que nos espera en 2018 y 2019. Esos vientos parece que estan volviendo a soplar con fuerza.

Los problemas en el año 2015 iniciaron antes del día de las elecciones. La adjudicación del sistema de transmisión a empresas de dudosa procedencia, la falta de capacitación en el conteo de votos de los miembros de las juntas receptoras de votos y la poca educación a la ciudadanía sobre las opciones de votación que teníamos, fueron solo el inicio de un proceso complicado y sumamente cuestionado. Todo empeoró el día de la votación y los días siguientes. Ese día revivió la preocupante práctica de buscar anular los votos de los adversarios por cuestiones efímeras, convirtiéndose en estrategia electoral para obtener un gane. Vivimos un conteo de votos confuso que duró más de setenta días y, además, en el recuento de votos por San Salvador “se recuperaron” más de veinte mil votos; es decir, se tomaron en cuenta todos esos votos que habían sido anulados indebidamente en el conteo inicial.

A tres meses de las elecciones para Asamblea Legislativa y consejos municipales, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral a que se tome en serio el rol de máxima autoridad electoral, supervisando activamente la ejecución del proceso antes, durante y después del día de las elecciones; es necesario que la empresa –por hoy una única oferente- a la que se adjudique la transmisión de datos goce de la suficiente credibilidad para que no se ponga en duda la legitimidad del proceso.

También es imperativo que el Tribunal Supremo Electoral deje de ser esa entidad pasiva que permite hacer a los partidos políticos lo que quieran, sin hacer respetar las leyes electorales ni los derechos de los votantes. Debe garantizarse que se respete la voluntad de la ciudadanía salvadoreña en la elección de sus representantes y que sea haga valer su voto.

El Tribunal debe poner sus barbas en remojo y aprender de los errores del pasado. Ya pasaron tres años desde la última elección bajo más misma reglas, por lo que repetir los mismos yerros resulta inadmisible, dudoso y cuestionable.

Por supuesto que como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte yendo a votar masivamente, incentivando a la ciudadanía al voto y siendo parte de las juntas receptoras de votos. Es necesario incrementar la participación para que estas elecciones sean representativas del sentir del pueblo, ya sea votando por cualquiera de los partidos competidores o por la opción de los candidatos no partidarios si estos logran postularse. Hay que recordar que la responsabilidad de los gobernantes que tenemos también es de aquellos que se abstienen de votar y dejan una decisión tan importante al voto duro de cada sector.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: no pongan en duda la legitimidad de nuestra democracia; como ciudadanos y miembros Centro de Estudios Jurídicos cumpliremos con nuestro deber y estaremos vigilantes.

El Centro de Estudios Jurídicos, COMUNICA:

A. Que el día de ayer miércoles 13 de diciembre, tuvo lugar una sesión de junta directiva de la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE EL SALVADOR (FEDAES), cuyo punto principal era discutir la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para separar al Dr. Marco Gregorio Sanchez Trejo, como Presidente de la misma.
B. Que dicha petición fue realizada porque sostenemos y reiteramos que seguir al frente de FEDAES –ante los cuestionamientos en su designación ante SIGET – afecta innecesariamente la credibilidad y transparencia del proceso de elección de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia 2018.
C. Que dicha moción fue presentada no solo por el CEJ, sino también por la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador y por la Asociación de Abogados de El Salvador; y fue luego apoyada por la Asociación de Abogados de Sonsonate, siendo un total de 4 asociaciones las que consideramos esta, como la mejor solución frente a la coyuntura actual.
D. Que tras largas horas de debate y a pesar de que insistimos en que la Asociación de Abogados de Oriente no podía votar en este punto, no se logró tomar la decisión de convocar a Asamblea Extraordinaria porque la anterior asociación, más el CAS y ABOGA, no estuvieron de acuerdo en hacerlo, quedando la alternativa de efectuar la convocatoria de manera directa como lo establecen los estatutos de FEDAES.
E. Que sin perjuicio de lo anterior, la discusión en Junta Directiva realizada el día de ayer, permitió que se planteara una solución alternativa, la cual en aras de mantener la armonía gremial, la unidad y el enfoque principal de nuestra petición, estamos dispuestos a considerar siempre que permita tener un proceso de elección de magistrados confiable, transparente y democrático.

Por todo lo anterior, el Centro de Estudios Jurídicos MANIFIESTA:
1. Que reitera la propuesta, que acompañan otras tres asociaciones de abogados, en la que por ética, probidad, y compromiso con la transparencia y el imperio de la legalidad, el Dr Gregorio Sanchez Trejo, renuncie a la presidencia de FEDAES.
2. Que en su defecto, estamos dispuestos a discutir de inmediato, una alternativa que implique que el actual presidente de FEDAES, se abstenga de participar en toda cuestión que tenga que ver con la organización y administración del próximo evento electoral que organiza esta federación.
3. Que estamos abiertos a conversar y discutir toda otra moción que vaya en aras de fortalecer el gremio de abogados y de dotar de credibilidad el proceso de elección de magistrados
4. Que exhortamos a la comunidad jurídica, sociedad civil, y ciudadanía en general, a estar atentos a este proceso y su desenlace, pues no dejaremos de hacer público cuanto intento por acción u omisión se haga por parte de los involucrados en esta toma de decisión, que vaya en contra de la libertad de información y derecho a saber que tiene la sociedad en general.

POR EL IMPERIO DEL DERECHO

Amenazada la transparencia de FEDAES

La semana pasada, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción —del cual el CEJ es parte—celebró la Semana de la Transparencia.

Uno de los temas sobre los que se discutió fue la existencia de mecanismos de transparencia en la elección de funcionarios de las altas cortes. En el abordaje de ese asunto presentaron ponencias el Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España y representantes de la American Bar Association y de la Universidad de Salamanca. Tomando en cuenta el momento histórico que vivimos, discutir este tema desde la óptica de la transparencia fue un asunto de particular interés para nuestra asociación.

Como hemos expresado anteriormente, estamos haciendo un genuino esfuerzo por predicar con el ejemplo, estableciendo un procedimiento claro y transparente para elegir a las personas que postularemos como candidatos a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. El informe sobre los avances de este proceso se ha hecho no sólo a nuestra membresía, sino al público en general, conscientes que la elección de magistrados es algo que trasciende al gremio de abogados, y abarca a toda la ciudadanía.

Pero además de las asociaciones de abogados, lo determinante es que la transparencia permeé a las autoridades que administrarán las distintas etapas del proceso de elección: la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), el Consejo Nacional de la Judicatura y la Asamblea Legislativa.

Es por eso que nos preocupan las irregularidades ocurridas en el procedimiento de elección que culminó con la juramentación como directivo de SIGET del doctor Gregorio Sánchez Trejo, quien actualmente ocupa la presidencia de FEDAES.

La transparencia en el proceso electoral que administra FEDAES para elegir a candidatos a la magistratura debe estar garantizada, y ha sido con ese único afán que hemos solicitado que se sustituya al actual presidente de FEDAES o que, en su defecto, se excuse de conocer cualquier asunto relacionado a ese proceso electoral.

Con esa petición queremos evitar que los cuestionamientos en el procedimiento que le eligió como directivo de SIGET, contaminen la elección que harán los abogados el próximo año para elegir a potenciales magistrados.

Las asociaciones de abogados que participaremos en ese proceso electoral exigimos que nuestros candidatos participen en un proceso que goce de credibilidad, y si estamos exigiendo a todas las autoridades que conduzcan procesos transparentes, democráticos y participativos, tenemos la obligación de hacer lo propio en el seno de FEDAES.

La Constitución otorgó al gremio de abogados la oportunidad de participar en la elección de magistrados. Eso nos plantea una responsabilidad enorme ante la ciudadanía. Como gremio de abogados le debemos a los ciudadanos la prosecución de un proceso electoral transparente, que culmine con la propuesta de candidatos probos y de la más alta calidad.

Por eso debemos actuar de manera pronta ante cualquier circunstancia que empañe esa responsabilidad que el pueblo, a través de la Constitución, nos ha otorgado. Las circunstancias ocurridas en la elección para la Junta de Directores de SIGET minan la confianza en nuestro proceso electoral; de manera que las asociaciones de abogados que participamos en FEDAES no podemos hacer caso omiso de lo ocurrido, y proseguir con nuestra agenda como si no hubiera ocurrido nada. La ciudadanía tiene los ojos puestos sobre nosotros.

Continúa proceso de selección de aspirantes a magistrados

Como parte del proceso que desde hace meses hemos venido desarrollando, para postular a nuestros aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Selección ha podido verificar -preliminarmente – que los abogados Aldo Enrique Cader, Marcelo Rafael Barrios, José Mauricio Rodríguez, Ivette Cardona, Silverio Henriquez Toledo, José Luis Lovo Castelar, Marina Marenco De Torrento, Boris Solórzano y Lucas Chinchilla, cumplen con los requisitos mínimos exigidos por nuestra Constitución para ocupar las más altas magistraturas.

Tal como lo establece nuestro protocolo de selección, la Comisión ha pedido a estas personas, que presenten, además de su hoja de vida y sus títulos académicos, documentación que acredite: que no han sido sancionados penalmente por ningún tipo de delito ni son parte actual de procesos penales que pudieran resultar en una sanción penal; que no han sido sancionados en procesos judiciales por enriquecimiento ilícito; que no han sido declarado responsable de la vulneración de derechos humanos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; que no han recibido una sanción en los últimos cinco años por faltas a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley de Acceso a la Información Pública; que no han sido sancionado por una infracción a la Ley de Protección Integral de la Niñez y de Adolescencia, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres o por haber faltado a las obligaciones alimenticias con su cónyuge e hijos; y que no han sido sancionados por faltas a los estándares de la profesión jurídica o del ejercicio judicial durante los últimos diez años.

Además, estas personas deberán presentar constancia de no aparecer en los registros de afiliación de los partidos políticos; solvencias tributarias y municipales, finiquitos extendidos por la Corte de Cuentas, declaración jurada de no haber participado en actividades partidarias durante los cinco años anteriores y declaración jurada de intereses en la cual se reflejen las relaciones empresariales, gremiales, y asociativas del interesado.

La Comisión de Selección conducirá a partir de esta misma semana, entrevistas con cada uno de los aspirantes. En esas entrevistas se pretende escrutar, aún más, sobre sus calificaciones personales y profesionales.

Sabemos que estamos siendo muy exigentes, pero también reconocemos que eso es precisamente lo que ha estado haciendo falta en los procesos de elección de funcionarios en general y, ya no se diga, en los procesos de elección de magistrados.

Estamos exigiendo que la Asamblea Legislativa deje atrás las consabidas prácticas al momento de elegir funcionarios, por lo que queriendo predicar con el ejemplo, nos hemos dado a la tarea de realizar un verdadero proceso de selección, en el que seamos las asociaciones de abogados, las primeras en dar muestras serias de nuestro compromiso con la independencia judicial y la meritocracia.

Las 9 personas que participan de este proceso han expresado por anticipado su aceptación a estos requerimientos, lo cual -como se los hemos dicho – es una decisión que ya refleja por sí misma, su genuino interés en luchar por el imperio del derecho.

Exhortamos a todas las demás asociaciones y a FEDAES, a hacer lo mismo: seamos consecuentes con nuestras exigencias. Pongamos nosotros los primeros filtros.

Diputados: Les tomamos la palabra

En el foro que tuvimos hace unos días con representantes de los partidos PDC, ARENA, PCN y de candidatos no partidarios, conversamos sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2018 a 2027. Varios e importantes temas salieron a colación, aunque, por el momento, nos enfocaremos en uno: el compromiso adquirido para modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Comenzamos por reconocer – como nos lo hicieron ver los diputados – que las asociaciones de abogados, la FEDAES y el CNJ tenemos una enorme responsabilidad en establecer los primeros filtros en el proceso de selección de magistrados, de forma tal que cuando la Asamblea Legislativa tenga la lista de los 30 candidatos, estos ya hayan sido adecuadamente escrutados.

Tanto reconocemos ese compromiso, que elaboramos un protocolo de selección de aspirantes que ya está siendo aplicado y que nos permitirá de forma transparente, democrática y eficiente, postular a aspirantes que se acerquen al perfil ideal de un magistrado. Otro tanto ha hecho el CNJ con el manual de selección que, si bien aún no se implementa, está pronto a serlo.

Y siendo una de las asociaciones que integra la FEDAES, nos complace comunicar que ya estamos trabajando en el Reglamento que deberá ser implementado para estas elecciones. Somos parte de la Comisión que está elaborando ese Reglamento y al menos nosotros, nos comprometemos públicamente a introducir en el mismo, esos imprescindibles filtros y mecanismos de control que tanto exigimos.

Nosotros haremos lo que nos corresponde por lo que les exigimos que ustedes también cumplan con lo que les corresponde. Como ustedes mismos dijeron, es esta legislatura y no la próxima, la que debe modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Si dejan esa tarea para después de marzo, las imprescindibles modificaciones estarán rodeadas de premura e improvisación.

Nuestra propuesta y exigencia, es que de inmediato comiencen a trabajar en incorporar en los procesos de elección de funcionarios, al menos lo siguiente: Una etapa en la que se identifique el perfil del funcionario. No hablamos de los requisitos mínimos previstos por la Constitución, sino de la identificación de las características deseables para cada cargo.

El establecimiento de parámetros de medición que sean comparables y medibles junto con la realización de verdaderas entrevistas a los aspirantes, en las que sin anunciar las preguntas a efectuar, se busque conocer las características personales y profesionales del aspirante y den lugar a la utilización de los parámetros antes identificados.

Una etapa en la que se de lugar a que organizaciones civiles, universidades, asociaciones gremiales, puedan hacer llegar sus observaciones u objeciones de manera sistemática. Esto no pretende dar un veto a la ciudadanía, sino más bien permitir que fluya más y mejor información para que ustedes, los diputados, tengan más elementos para poder tomar una decisión acertada.

El Reglamento Interior debería prohibir de manera expresa los contactos aislados de los aspirantes con sus potenciales electores. El proceso debe ser completamente transparente y abierto al escrutinio de la ciudadanía, de manera que todos sepamos qué es lo que se está considerando en relación a cada aspirante y no tengamos que vernos sorprendidos por los resultados de las negociaciones tras las cortinas.

Les tomamos la palabra; hagan ustedes lo suyo.

Una oportunidad de corregir la elección de Corte

No es normal, ni debido, que en una elección esté en juego casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional. En realidad, elegir a cuatro de los cinco magistrados que componen el máximo tribunal de justicia fue lo que se quiso evitar hace más de dos décadas, en el marco del fin del conflicto armado. Y por ello vale la pena discutir, en esta columna y en ocasiones posteriores, la posibilidad de corregir tal situación. Acá los hechos.

Una de las reformas centrales de los Acuerdos de Paz tuvo que ver con la democratización del Órgano Judicial. A partir de las reformas constitucionales de 1991, que fueron fundamentales para asegurar el pacto finalmente firmado el año siguiente en Chapultepec, la Asamblea Legislativa elegiría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de forma escalonada.

En este sentido, la Corte no solo se renovaría cada tres años en tercios, sino que sus cuatro salas –la de lo Constitucional, de lo Penal, de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo– serían renovadas de forma parcial. Con ello se evitarían renovaciones abruptas y se inyectaría una dosis de pluralidad en la Corte, en una combinación virtuosa entre magistrados experimentados y magistrados nuevos.

Así las cosas, llegó el año 1994 con un decreto transitorio que obligó a moverse al sistema escalonado con una solución puntual: elegir a los magistrados de la primera Corte con períodos diferenciados. Fue así como se eligió al doctor Domingo Méndez, exmagistrado presidente, por un período de tres años; o bien, a los doctores Orlando Baños y Enrique Argumedo como magistrados por un período de seis años. Aunque el período regular que establece la Constitución es de nueve años, estos períodos cortos forzarían a renovar las vacantes en la Sala de lo Constitucional en los años siguientes. Y así se hizo en 1997 y 2000; hasta que los diputados decidieron tomar un atajo en 2003.

En ese año, la Asamblea Legislativo trasladó a dos magistrados elegidos tres años antes, los abogados Victoria Marina de Avilés y Mauricio Clará, a la Sala de lo Constitucional. Lo mismo hizo en el año 2006 con el exmagistrado Néstor Castaneda. Estos eventos explican por qué en 2009 se tuvo que renovar casi la totalidad de la Sala de lo Constitucional con la elección de cuatro de sus actuales magistrados.

Hace unos días, FUSADES propuso reformar nuevamente la Constitución con un artículo transitorio, similar al aplicado en 1994, que permita elegir magistrados con períodos distintos. Con ello se corregiría la distorsión causada y se evitaría que en 2027 se repita una renovación colectiva que, de acuerdo a la referida institución, favorece el cuoteo partidario e impide una transición armónica dentro de la Sala de lo Constitucional al posibilitar cambios jurisprudenciales radicales.

De aprobarse la reforma, debe aprobarse un acuerdo en la Asamblea Legislativa antes de marzo de 2018; para posteriormente ratificarse en la recién electa legislatura 2018-2021 antes de que se deba elegir a la nueva Sala de lo Constitucional. La propuesta es bien recibida, por lo que el debate al interior de la academia, del gremio de abogados y de los actores políticos se convierte en fundamental, necesario y urgente. Nunca es tarde para pensar en el largo plazo.

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