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DIPUTADOS, LO ÚNICO QUE PEDIMOS ES QUE CUMPLAN

El pasado 1 de mayo entró en funciones una nueva legislatura. Su tarea más importante en este trienio, es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para la Sala de lo Constitucional. Esa tarea, a pesar de ser la más importante, no la están cumpliendo.

La deliberación para elegir a los candidatos a magistrados ya está ocurriendo, pero se desarrolla en lo oculto y quién sabe con qué criterios. Es en esta fase del proceso donde más se necesita la transparencia. La deliberación debe ocurrir en el seno de la Asamblea Legislativa, y en sesiones con acceso a la prensa y a la ciudadanía.

Por declaraciones de distintos diputados y dirigentes políticos, se conoce que hay conversaciones entre los distintos partidos para elegir a los candidatos. Las negociaciones están ocurriendo, lo sabemos, pero no sabemos qué se está negociando.

Resulta aún más peligroso que en tales negociaciones se involucre también a los candidatos. La administración del Órgano Judicial y el ejercicio de la jurisdicción no pueden someterse a negociaciones políticas. Eso es una amenaza grave a la independencia judicial.

Los avances que han existido en la independencia judicial han costado mucho al país, y todavía son insuficientes. Escoger a sujetos que desde su candidatura están empeñando la institucionalidad, es una amenaza seria al Estado de Derecho. Y un deterioro institucional tal, en el largo plazo, incluso les afecta a los mismos partidos políticos que se prestan a esas negociaciones.

Además de la falta de transparencia en que está incurriendo la Asamblea en este tramo final del proceso, también está fallando al carecer de criterios objetivos para la elección. Únicamente el diputado no partidario ha hecho un esfuerzo por establecer un sistema de evaluación para escoger a los candidatos que deben ser elegidos, y por ello merece todo nuestro reconocimiento. Los demás diputados y partidos políticos, han optado por librarse de esa camisa de fuerza que obliga a la meritocracia en detrimento del cuoteo.

Esos diputados que hace apenas unos meses, en la campaña electoral, expresaban su preocupación por defender a la Sala de lo Constitucional, y se comprometieron a elegir a los mejores, hoy nos están fallando. No nos pidan paciencia ni nos pidan que callemos. Solo estamos exigiendo que cumplan con su deber.

Como lo establece el artículo 125 de la Constitución, los diputados representan al pueblo entero. De manera que antes que la disciplina partidaria, tienen un compromiso con sus representados: el pueblo. Mantenerse en silencio, dejar que sus dirigentes partidarios realicen las negociaciones en lo secreto, y estar prestos a votar por quienes les digan desde la cúpula, sólo provoca que ensucien la investidura que el pueblo les ha encomendado.

Todavía es tiempo para que la Asamblea, y cada uno de los diputados que lo conforman, corrijan los graves yerros en que han incurrido. Transparentar el proceso y hacer una elección objetiva y por méritos es la única opción que tiene cada diputado, y debe hacerse a la brevedad.

Mientras tanto, les reiteramos que haremos uso de la institucionalidad y de los mecanismos a nuestra disposición, tanto nacionales como internacionales, para que no se continúen violentando nuestros derechos fundamentales. Seguimos tomando esto con la seriedad que corresponde.

NO SE FUERON EN SILENCIO

Como nos acostumbraron los últimos nueve años, los magistrados de la Sala de lo Constitucional terminaron su período pronunciando decisiones que darán mucho de qué hablar. En la última semana se emitieron varios pronunciamientos, con los cuales marcaron un potencial camino para los sustitutos que resulten electos por la Asamblea Legislativa. Dependerá de estos nuevos magistrados si continúan el trabajo de sus predecesores.

Hay que dejar claro que no siempre estuvimos de acuerdo con todas las sentencias que emitió la Sala; sin embargo, el respeto a la institucionalidad implica el reconocimiento y cumplimiento de las mismas. Siempre las valoramos y consideramos importante que continúe la revitalización institucional que la Sala de lo Constitucional le dio a El Salvador durante nueve años. Eso dependerá de la seriedad y compromiso con el que los nuevos magistrados asuman su cargo.

En la última semana, la Sala resolvió que el Tribunal Supremo Electoral debe cumplir con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos sobre el proceso de cancelación de los partidos Cambio Democrático y Partido Social Demócrata, al no haber alcanzado los votos necesarios para su supervivencia.

También en la última semana, admitieron dos demandas relacionadas con derecho a la verdad y acceso a la justicia: el asesinato del poeta Roque Dalton y la desaparición del exembajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn. La tramitación de estos casos es una oportunidad para El Salvador en temas de justicia transicional.

Luego se admitió una demanda del Fiscal General de la República sobre el enriquecimiento ilícito y los funcionarios que pueden ser investigados por ello. Esto es de suma importancia para el combate a la corrupción en El Salvador pues resulta poco creíble considerar que una persona solo puede enriquecerse de manera ilícita si maneja fondos públicos, pues ignora otros mecanismos como el lavado de dinero, la aceptación de favores de terceros, entre otras maneras corruptas que han rondado a los funcionarios públicos del país. Esto debe ser resuelto por los nuevos magistrados.

Y también ampararon a víctimas de desplazamiento forzado, ordenando a las autoridades recobrar el control territorial de zonas dominadas por las pandillas. Importantísima sentencia.

Entre los casos importantes que están pendientes de resolver, a los nuevos magistrados les queda la sentencia de inconstitucionalidad sobre el SITRAMSS, el nombramiento de un magistrado del TSE, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones sobre las escuchas, el impuesto a la telefonía, entre otros; además, queda pendiente la verificación de cumplimientos de sentencia en casos como la ley de amnistía, las órdenes al ISSS de brindar tratamiento médico adecuado a enfermos de hemofilia e insuficiencia renal, desplazamiento interno, por citar algunas. También deberán estar dispuestos a enfrentar los casos que lleguen sobre los nombramientos de funcionarios.

En fin, se marcharon dejando sobre la mesa varios temas para que sean resueltos por los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Más que el apego estricto a precedentes ya emitidos, nuestra exigencia va encaminada a que el trabajo lo hagan de manera técnica, independiente de los grupos de poder y sobre todo, honesta.

La vara de medición quedó alta y ahora corresponderá a los nuevos magistrados mantener con vida la justicia constitucional. No nos defrauden, porque también a ustedes los estaremos observando y criticando cuando corresponda.

NOS QUEDAMOS ESPERANDO PARÁMETROS DE ELECCIÓN

La semana pasada concluyeron las sesiones de entrevistas a los 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante la subcomisión política de la Asamblea Legislativa. A propósito de su desarrollo, con justicia ya hemos reconocido el innegable avance en el proceso, al abrir como nunca antes la participación ciudadana, permitiendo no solo su intervención, sino preguntas de la sociedad civil y ciudadanos que desearon asistir. No obstante, al evaluar la calidad de preguntas hechas y permitidas, fue evidente que se intentó obstaculizar aquellas que pudieran “incomodar a algunos candidatos”. Varias de las preguntas de la subcomisión fueron repetitivas y muy generalistas, con lo cual se perdió tiempo útil para haber profundizado en lo que interesaba escudriñar: la competencia y moralidad notorias.

Creemos que se perdió tiempo, espaciando mucho el periodo de entrevistas, pero al final algo se corrigió, y al menos se acortó el plazo para presentación del informe a la comisión política, la que tendrá unos 5 días hábiles para deliberar. Aun eso es poco tiempo. Estos debates finales, como fue el resto del proceso legislativo, deben ser públicos, sin nada que esconder. Ahora en esta fase, es que más necesitamos que practiquen la transparencia de que han hecho gala y no cierren las puertas a la ciudadanía. Ahora es cuando la deliberación de la propuesta por los mejores candidatos debe estar bajo el escrutinio público. Ahora veremos si es cierto lo que prometieron: No reparto de cuotas.

Desafortunadamente, ha quedado a discreción de la subcomisión política elaborar la evaluación e informe final, pues nunca – no obstante insistimos – se divulgó el método de calificación que permitiera conocer las categorías evaluadas, la asignación de puntaje, y los criterios técnicos de medición, por lo que no nos queda más –por hoy- que estar muy atentos al resultado del informe para la comisión política, pues lo que hemos analizado de nuestra parte, privilegiando el mérito e idoneidad, debería coincidir con lo que nos ofrezcan los diputados, en su examen de los mejores perfiles.

Por ahora, reiteraremos lo que en las columnas de las semanas previas hemos venido resaltando, en cuanto a los puntos más relevantes surgidos de las declaraciones de algunos de los entrevistados. Por ejemplo, el abogado Eric Zelaya, se vió envuelto en una incongruencia en relación a su formación en derecho constitucional, específicamente entre lo aparece en sus expedientes del CNJ y de la Asamblea Legislativa, y la situación real del mismo. Además, junto al abogado José Cristobal Sánchez, nos dejaron serias dudas sobre su conocimiento de la materia constitucional y líneas jurisprudenciales.

No nos cabe duda ya, que todos saben quiénes de los candidatos tienen vínculos partidarios, quienes no están ni por cerca aptos para asumir tan elevado cargo, por su falta de conocimientos y experiencia en materia constitucional; quienes no han justificado una reelección, quienes han pronunciado sentencias que dejan mucho que desear, y quienes carecen de la moralidad notoria para siquiera haber intentado postularse. Cada candidato sabe si le queda o le aprieta el zapato. Nosotros lo sabemos y confiamos que la Asamblea sabrá identificarlo.

El proceso entra a su última etapa es acá donde los ojos de la ciudadanía deben estar más atentos. Lo que resulte, nos afectará a todos.

NOS DEVOLVIERON LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA

El pasado 28 de junio, nuestra asociación reconoció públicamente la labor realizada por los 4 magistrados salientes de la Sala de lo Constitucional.

Como lo dijimos en nuestro evento, estamos a semanas de cerrar un histórico capítulo en la vida democrática de nuestro país; un capítulo que se inició hace aproximadamente nueve años, cuando en medio de algunas tribulaciones políticas y en el contexto de una negociación ocurrida dentro de las paredes de casa presidencial, los representantes de los partidos políticos cometieron un error del que muy pronto se arrepentirían: tomaron la decisión de elegir a 4 profesionales que desde el primer día darían muestras de su férreo compromiso con el estado de derecho, la institucionalidad, la independencia judicial y la transparencia.

Los electores de ese entonces han reconocido que jamás avizoraron que estaban eligiendo a 4 personas que, con innegable valentía, procederían a cambiar para siempre, la justicia constitucional en nuestro país.

Como en ese mismo evento dijera uno de nuestros expresidentes, hace nueve años se advertía una grave amenaza a la institucionalidad en nuestro país, y por sobre todo en lo que atañe a nuestra profesión, un grave deterioro de la institucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, por virtud de los acontecimientos de esos días, que ponían en peligro los resultados del sacrificio de muchos salvadoreños que ofrendaron sus vidas en la época del enfrentamiento armado.

La majestad de la justicia estaba desapareciendo, la dignidad de la judicatura y la magistratura también; las nuevas generaciones de abogados estaban careciendo de ejemplos o paradigmas a seguir; nadie se acordaba ya de magistrados patriotas que han pasado por la Corte Suprema de Justicia y por algunos tribunales del país; nadie leía –por haber ido desapareciendo paulatinamente- piezas jurisprudenciales de alta valía jurídica.

Lo que viejos y jóvenes abogados veíamos por esos días, era un triste espectáculo de la justicia; una profanación del más alto claustro judicial; y una rentabilidad deficitaria de la administración de la justicia.

Pero en la medida que pasaban los meses del inicio de la gestión de estos 4 magistrados, fuimos advirtiendo una reivindicación de la dignidad de la magistratura, de la majestad de la justicia y de una renovada expresión del máximo tribunal: una jurisprudencia de elevado contenido jurídico y académico y de un alto sentido del temperamento judicial.

Fieles a nuestros estatutos, no fueron pocos los casos en que, desde este mismo espacio de opinión, manifestamos nuestro desacuerdo con algunas decisiones adoptadas, pero siempre reconocimos la presencia de un profundo contenido jurídico en cada una de ellas, y siempre valoramos la independencia que, con las mismas, quedaba en evidencia.

Temas relacionados con derechos humanos, derechos sociales, sistema electoral, elección de funcionarios, transparencia, justicia y seguridad, entre otros, fueron decididos en estos nueve años, generando líneas jurisprudenciales que ahora deben servirnos para seguir construyendo nuestro Estado de derecho y fortaleciendo nuestras instituciones. Nuestro énfasis en la independencia judicial se ha visto reforzado precisamente por lo que esta Sala ha realizado.

Magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González: nosotros sí reconocemos y apreciamos lo que han hecho por este país; nos devolvieron la majestad de la justicia. Les deseamos éxitos en sus nuevos proyectos personales y profesionales.

SE RETROCEDIÓ EN LAS ENTREVISTAS

En la columna del pasado lunes señalamos las mejoras que existieron en el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia que se lleva ante la Asamblea Legislativa. Pero parece que poco duraron las buenas intenciones a los diputados de la subcomisión política. Sobre todo en
la entrevista del martes 19 de junio, observamos un claro retroceso que no podemos dejar de mencionar, sobre todo ante la trascendencia de esta elección.

Y es que los diputados se esforzaron por no hacer ningún tipo de escrutinio incómodo a los candidatos, tanto así que cuando el público presente envió preguntas para los entrevistados, fueron los mismos diputados lo que las descartaron aduciendo que no están indagando o evaluando sus
labores en cargos pasados.

Lo anterior es un retroceso en la transparencia; por supuesto que a nosotros nos interesa saber sobre los motivos que tuvieron muchos de los candidatos para tomar ciertas decisiones siendo funcionarios. Al país le interesa saber cuáles han sido los pasos que han dado los candidatos en
épocas pasadas, para tener una idea de su pensamiento y forma de tomar decisiones en el futuro.

Sobre los entrevistados el día 19, los candidatos Marlon Harold Cornejo, Sonia Cortez de Madriz y Luis Romeo García no pudieron contestar preguntas relacionadas con la jurisprudencia constitucional; dos de ellos incluso quedaron en duda sobre su conocimiento de los criterios jurisprudenciales con lo que debe estar familiarizado cualquiera que quiera trabajar en la Sala de lo Constitucional, más si pretende tomar decisiones a través de una sentencia. Y en relación a los entrevistados el día viernes 22, a nosotros nos ha quedado claro que el abogado Ramón Narciso Granados no tiene la capacidad para ser magistrado de la Sala de lo Constitucional, pues no pudo contestar absolutamente ninguna de las preguntas que se le hicieron en esa materia. En general ese día, hizo falta profundidad en las preguntas; hizo falta poner más a prueba a los candidatos.

Todos los candidatos hicieron gala de su experiencia como jueces, secretarios de tribunal y
procuradores. Sin embargo, quedó en evidencia que son muy pocos los que tienen conocimiento en
materia constitucional y una trayectoria para ser magistrados de una Sala tan especializada. Hay
muchos que ni siquiera tienen conocimiento de las líneas jurisprudenciales que se han emitido
durante todos estos años. No es posible que futuros magistrados de la Sala de lo Constitucional
pretendan tomar decisiones de manera intuitiva o a puras corazonadas.

Diputados, les exhortamos a mejorar el proceso de elección. Es necesario que mejoren la calidad de las entrevistas, de la investigación de antecedentes de cada persona y que hagan público cuáles serán los parámetros bajo los cuales evaluarán a cada uno de los candidatos a magistrados. No se pueden desligar de la calidad de la elección diciendo que así les mandaron los listados y expedientes del CNJ y la FEDAES. Asuman su responsabilidad.

Recuerden que es su obligación justificar y dejar claro por qué un candidato es más apto para el cargo que elresto; con esto nos aseguramos que dicha elección no sea una vez más un burdo arreglo entre partidos políticos. Ya saben, la ciudadanía los seguimos vigilando y les vamos a exigir cuentas.

SIGUE APLICANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En enero de 2014, el expresidente Flores rindió declaraciones ante la Asamblea Legislativa en el contexto de investigaciones sobre el destino de donativos hechos por Taiwan. Ante eso, publicamos la columna titulada “Por la transparencia y probidad” y dijimos: “Pedimos al fiscal general que inicie y desarrolle las investigaciones correspondientes para determinar si la recepción de tales donaciones, la omisión de pagar tributos respecto a ellas o el destino de las mismas configuran algún ilícito. Tales investigaciones deben realizarse de manera objetiva y respetando las garantías fundamentales de los individuos involucrados”.

Se inició un proceso penal, pero no terminó con una sentencia, pues, en el curso del mismo falleció el expresidente. Era la primera vez que alguien que había ocupado un cargo de tan alto nivel, se sujetaba a un proceso penal. Eso supuso un avance importante en el funcionamiento de la institucionalidad y fortaleci-miento de la justicia.

El proceso tuvo algunos cuestionamientos, sobre todo porque fue evidente el ánimo de apoyarse en una exhibición mediática capaz de vulnerar la presunción de inocencia. El tratamiento mediático, cuando no es realizado con profesionalismo, lejos de fortalecer la justicia, puede provocar su debilitamiento.

Después conocimos del inicio de un proceso penal contra el expresidente Saca y otros funcionarios relacio-nados. En ese caso, aún en trámite, a los imputados se les acusa de cometer los delitos de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y otros. Una nueva prueba a la institucionalidad y la independencia judicial.

En 2016, supimos de un allanamiento en la residencia del expresidente Funes. El inicio de una investigación contra un tercer expresidente mandaba un mensaje contundente: la corrupción se investigaría y se enjuicia-ría sin importar su procedencia. Pero de nuevo, en las investigaciones iniciales se puso hincapié en la parte mediática; mientras se realizaba la diligencia, las redes sociales publicaban fotografías de los objetos reca-bados. Todos vimos los resultados de la diligencia antes que el juez. Eso facilitó que el expresidente evitara enfrentarse al proceso yéndose a Nicaragua y, meses después, obtuviera asilo político.

Hace unos días, supimos que la Fiscalía ordenó la captura del expresidente Funes y de varios sujetos cer-canos a este. La explicación de las investigaciones y hallazgos revelan un sofisticado entramado que, de comprobarse, implicarían el cometimiento de varias figuras delictivas, todas graves.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Ya inició un linchamiento mediático como el ocurrido con los expresidentes Flores y Saca.

Reconocemos que indigna, pero la justicia no debe ser venganza, espectáculo ni escarnio público. La justi-cia debe buscar la verdad, y eso pasa por castigar a los culpables, absolver a los inocentes, y resarcir a las víctimas.

Con total claridad manifestamos que apoyamos y reconocemos los esfuerzos realizados por la Fiscalía Ge-neral en el combate a la corrupción; es plausible lo que estamos viendo. Nuestro apoyo a su vez implica que le instemos a mantener una actitud firme en las investigaciones, rechazando y denunciando cualquier intento de interferencia política. Pedimos que los procesos a promover se hagan respetando el principio de presunción de inocencia, y manteniendo el carácter técnico de las investigaciones.

La valentía e independencia demostrada en esta gestión, deben acompañarse de una actitud responsable y respetuosa de la presunción de inocencia; en este y en cualquier caso.

TOMEN NOTA DE NUESTRO PROCESO DE SELECCIÓN

Como no es poca cosa lo que tenemos en juego, no es redundante insistir en la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, sobre todo ahora que estamos en la fase legislativa.

No queremos pecar de jactanciosos, pero quienes han seguido – porque todo ha sido público – nuestro riguroso proceso interno de selección de precandidatos, nuestras férreas luchas en FEDAES por incorporar filtros, nuestras exigencias para que el CNJ condujera un proceso transparente, y hasta nuestras acciones encaminadas a que el CNJ depurara precisamente mediante la exigencia constitucional de la independencia, a aquellos aspirantes que evidentemente no reunían tal requisito, sabrán que a pesar de que hemos querido dar el ejemplo, la tarea no ha sido fácil, y que en las votaciones de FEDAES hemos sido una minoría. Nos ha tocado remar contra corriente.

Por eso entendemos que incluso expertos extranjeros, hayan criticado el proceso entero de selección de candidatos a magistrados. Aún con la poca información que dicen haber tenido, han constatado lo que reiteradamente hemos venido diciendo: que hace falta una reestructuración del proceso; sobre todo en FEDAES, estableciendo un perfil previo de idoneidad que deben llenar los aspirantes, el cual solo encuentra contenido aplicando filtros que verifiquen moralidad notoria comprobable, alta cualificación y experiencia en la rama de derecho que demanda el cargo, independencia política, económica, gremial, etc.

Practicamos lo que predicamos. En nuestro caso, convocamos con suficiente antelación a los posibles aspirantes, quienes se sometieron a la evaluación de una comisión de notables colegas, que examinaron sus hojas de vida, privilegiando la excelencia académica, trayectoria profesional, antecedentes libres de toda tacha; sometiéndose a entrevistas que examinaron a profundidad sus conocimientos en el campo que les sería requerido, su pensamiento jurídico, vocación de servicio y compromiso con el Estado de Derecho, además de analizar toda situación de diversa índole que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad.

Además de eso, fueron examinados por nuestra membresía, y sometidos a conocimiento del público, sus postulaciones y hojas de vida, de modo que no se escaparan aun en dicha fase inicial, del escrutinio de cualquier persona que pudiera, con causas justificadas, haber impugnado una postulación. Después de eso, los candidatos fueron calificados concienzudamente, aplicando baremos que previamente habíamos definido.

De 11 candidatos iniciales, 5 fueron finalmente preseleccionados en Asamblea General, en la que nuestra membresía votó de manera secreta; y 4 resultaron finalmente como nuestros candidatos en las votaciones de FEDAES. Nosotros sí entendimos nuestra responsabilidad constitucional.

Sabemos que el proceso de selección llevado a cabo por el CNJ aunque en términos de filtros, proceso y publicidad, mejoró sustancialmente con respecto al pasado, a las entrevistas públicas hechas a los aspirantes, les falto precisión y dinamismo, mientras que la deliberación final no permitió conocer los criterios que terminaron prevaleciendo para elegir. Se ha mejorado, pero falta mucho por corregir.

El esfuerzo lo seguimos haciendo, y por eso es que para esta última etapa, no nos cansamos de pedir a la Asamblea que reforme su Reglamento Interior, y si no lo hace, que al menos elabore un instructivo que en alguna medida emule lo que nosotros ya hicimos; eso les ayudará a elegir mejor. Nosotros hicimos nuestra tarea; les toca ahora a los diputados. Nosotros, podemos colaborar.

CUATRO EXIGENCIAS, UNA PROPUESTA Y UN APOYO

Nos encontramos en la última etapa del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el eslabón más cuestionado.

Desde que hace casi tres años comenzamos a llamar la atención sobre la trascendencia de esta específica elección, fuimos críticos de lo ocurrido en el pasado y planteamos varias exigencias que en algún momento resumimos y que ahora reiteramos.

En primer lugar, necesitamos una elección sin reparto de cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo a los artículos 172 y 186 de la Constitución. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e impunidad. Esto pasa por desistir de la insana intención de promover candidatos con vínculos partidarios, lo cual resulta inadmisible desde cualquier punto de vista.

En segundo lugar, exigimos una elección sin retrasos. Ya hay muchos actores políticos y hasta diputados, que dan por sentado que al 15 de julio -fecha en que terminan su período los magistrados electos en 2009- la Asamblea no habrá culminado su proceso de elección. Lo peor del caso es que lo dicen sin ningún sonrojo como si tal retraso no tuviera consecuencia alguna. Los diputados incumplen su obligación constitucional cuando no eligen a tiempo y, en el contexto actual, el retraso adquiere singular gravedad toda vez que la ausencia de la jurisdicción constitucional pone en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la institucionalidad y la estabilidad política del país.

En tercer lugar, pedimos una elección sin traslados entre Salas. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como de todas formas ya se reconoció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, la cual desde luego es vinculante en el actuar legislativo.

Y en cuarto lugar, exigimos una elección sin secretismos. Esta elección en particular exige actuaciones legislativas que sean públicas en absolutamente todas sus etapas, documentadas y, por supuesto, debidamente motivadas. No podemos ni debemos seguir tolerando negociaciones oscuras, sobre todo porque propician que en casos como este, los candidatos asuman compromisos que desnaturalizan el rol que se espera de ellos y comprometen frontalmente su independencia.

Para cumplir con lo anterior, junto con otras instituciones hemos propuesto que se reforme el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Se trata de una propuesta que ya está en manos de los diputados y que solamente requiere de un poco de voluntad política para ser aprobada. Nadie que se jacte de querer un mejor proceso de elección, puede estar en desacuerdo con incorporar al mismo, mecanismos de transparencia, participación ciudadana, asesoría técnica, control y meritocracia. Eso es lo que se ha propuesto.

Por último, abiertamente hemos manifestado a todos los partidos políticos, nuestro genuino interés en darles el apoyo y la información que se requiera en esta elección. No es un mero interés gremial; es un interés patriótico el que nos mueve.

No basta con elegir a los mejores

El proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido intenso. Ahora estamos por iniciar la recta final ante la Asamblea Legislativa.

A esta etapa llegaron algunos candidatos impresentables, otros con excelentes credenciales y reconocida integridad. Algunas buenas opciones se quedaron en el camino.

Esta vez hubo una mayor exigencia ciudadana para que los distintos protagonistas —las asociaciones de abogados, FEDAES, y el CNJ— elijamos a los mejores candidatos. Y esa presión social no debe cesar en este último tramo.

Pero es insuficiente asumir que basta con tener abogados excelentes e íntegros en la Corte. Un gobierno de leyes y no de hombres, que exigía John Adams, supone no depositar la confianza sólo en la integridad o capacidad de los funcionarios. En la Corte y el tribunal constitucional, además de excelentes profesionales, necesitamos más y mejores controles. Y parte de ello pasa por revisar la legislación procesal constitucional.

En un reciente artículo el candidato a magistrado Aldo Cáder —propuesto por el CEJ— puso nuevamente en el debate la necesidad de reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales. Se refirió, en particular, al problema que supone a la seguridad jurídica la falta de orden en los tiempos y turnos para admitir las demandas en procesos constitucionales.

La renovación de la Sala de lo Constitucional debe acompañarse de reformas que incluyan mejores controles. De manera que la atención que en estas próximas semanas pondrá el congreso en la elección de magistrados debe aprovecharse para impulsar la discusión y aprobación de la nueva Ley Procesal Constitucional.

Debe evaluarse si es momento para sustituir el proceso escrito por uno que incluya audiencias. La jurisdicción civil y mercantil, hace unos años, y la jurisdicción contencioso adminsitrativo, hace unos meses, mutaron a sistemas mixtos. Incluyendo la oralidad han fortalecido la inmediación en la impartición de justicia.

Esto no sería nuevo para la Sala de lo Constitucional. Por las particularidades de ciertos casos, la Sala ha innovado incorporando audiencias en la prosecución de algunos casos. La experiencia ha sido satisfactoria.

Un problema que la discusión de una nueva legislación también debe abordar es la demora en resolver. Se trata de un problema histórico; y la Sala, aunque con avances significativos, todavía tiene deudas en esto.

En los procesos constitucionales deben fijarse plazos para emitir las resoluciones, y consecuencias en caso de incumplimiento. Ya en otras materias se disponen multas a los funcionarios que sobrepasan los plazos procesales. La jerarquía de la Sala no debería ser un obstáculo para aplicarle medidas similares.

La transparencia es un excelente control. De manera que la discusión de una nueva Ley Procesal Constitucional también puede ser oportuna. Una reforma legislativa podría prever que las sesiones y deliberaciones del tribunal para tomar sus decisiones se registren en medios audiovisuales. Si bien tales grabaciones no podrían hacerse públicas antes de la emisión de las sentencias, una vez notificadas, los ciudadanos deberían tener pleno acceso a ellas. Así podrían constatar si las razones que fundamentan las decisiones de la Sala de lo Constitucional, coinciden con las que formalmente aparecen escritas en las sentencias.

Necesitamos que la Asamblea elija a los mejores, y esta tiene buenas opciones a su disposición, pero complementariamente debe mejorar los controles al poder; esta es una opción.

NO PEDIMOS ASEPSIA IDEOLÓGICA. NO ENGAÑEN.

El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en marcha. Desde hace varios años, el CEJ se ha dado a la tarea de exigir a los distintos actores involucrados que se elijan a los mejores perfiles como candidatos a magistrados. El reto ha sido grande y lo hemos asumido con toda seriedad.

Contrario a lo que algunos insinúan, en nuestro afán en ningún momento hemos desprestigiado o deslegitimado el proceso realizado ante las distintas instancias, sino que, con responsabilidad, hemos hecho las observaciones y críticas correspondientes, a fin de que la elección se realice dentro del marco de la Constitución y la ley.

A toda la población salvadoreña le interesa la conformación de la nueva Sala de lo Constitucional, y es por eso que, junto con muchas otras instituciones, hemos señalado la imperante necesidad de independencia de partidos políticos de los candidatos a magistrados; pero no hay que confundir independencia partidaria de asepsia ideológica. Estamos conscientes que cada persona puede tener su propia preferencia en el espectro ideológico y ubicarse –en el esquema tradicional– en la derecha, izquierda o centro.

El punto no es que si los candidatos se ubican ideológicamente de un lado u otro; están en todo su derecho. Lo que hemos sostenido con firmeza, es que estos no pueden estar ligados formal o materialmente a grupos de poder como los partidos políticos; la función de control que estarían llamados a ejercer dentro de la Sala de lo Constitucional podría entrar en conflicto casi de manera permanente al verse involucrado uno de estos institutos políticos. Rechazamos que personas con vínculos orgánicos o materiales con partidos de derecha o de izquierda o calificados como de centro, sean propuestos a la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados.

Hay algo que tiene varios años en la palestra pública y que a muchos les cuesta entender: los derechos políticos de una persona no son absolutos y, por tanto, el establecimiento de filtros o requisitos –como la desvinculación formal y material de partidos políticos– no violan ningún derecho de las personas. Dicha exigencia responde a la necesidad de independencia político partidaria de las instituciones públicas y sobre todo de los organismos de control del poder político como la Sala de lo Constitucional.

Nadie puede apropiarse de la Sala de lo Constitucional. A dicha institución únicamente deben llegar personas que demuestren tres cosas fundamentales: las suficientes credenciales que reflejen la integridad y honradez de la persona; el conocimiento profundo y suficiente en materia constitucional, atendiendo al trabajo que llegarán a realizar a esa Sala; y la independencia de partidos políticos, pues la sujeción que todas las instituciones han sufrido en el pasado, producto del reparto partidario, es lo que no nos han permitido avanzar en la consolidación del Estado de Derecho.

El gremio de abogados y la ciudadanía en general tiene el deber de involucrarse en el proceso de elección que ahora se encuentra en una etapa trascendental; no podemos permitirnos un retroceso por el cual el reparto partidario impere en la elección de la Sala de lo Constitucional; necesitamos que se elijan personas probas y que respondan únicamente a la Constitución. Se encuentra en juego el fortalecimiento de las instituciones que se ha impulsado desde la jurisprudencia constitucional.

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